Pérdida. El caso de la colonia Narvarte fue el aliciente para la gestión de la ley.
Mientras continúan las pesquisas en torno al asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, en Ciudad de México entró ayer en vigor una ley para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, indicaron hoy fuentes oficiales.
"Estamos comprometidos a dar seguridad, protección y garantizar el derecho fundamental de la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo", dijo el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, con motivo de la entrada en vigor de la norma.
Se trata de Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, que establece la creación de un organismo público descentralizado "con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio", detalló.
La ley engloba también la puesta en marcha de un consejo consultivo que colaborará en el diseño de programas preventivos y el plan de trabajo, el de un consejo de evaluación y el de un fondo de protección integral para comunicadores y defensores de derechos humanos.
Con esta nueva ley, que refuerza el convenio marco que implementó en 2012 la Ciudad de méxico en esta materia, se aplicarán medidas preventivas, de protección y también de carácter social, laboral o de vivienda, explicó Mancera.
Recordó que desde el inicio de su mandato (2012-2018) se han establecido medidas de seguridad en 77 casos atendidos, y señaló que la nueva normativa debe tener un "reglamento de inmediato" y la "suficiencia presupuestaria necesaria".
Asimismo, negó que la medida responda a un "oportunismo político" por el asesinato del reportero gráfico Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera.
Los cuerpos de Espinosa, Vera y otras tres mujeres, incluida una colombiana, fueron hallados con un tiro de gracia y signos de tortura el 31 de julio pasado en un departamento de la capital del país.
Hasta ahora un hombre ha sido detenido por su presunta participación en los hechos y otros dos implicados son buscados por la fiscalía capitalina.
En este sentido, el jefe de Gobierno reiteró ayer que la fiscalía capitalina agotará "todas y cada una" de las líneas de investigación, que contemplan el robo, el feminicidio o el crimen relacionado con la labor informativa de Espinosa, quien trabajaba para el semanario Proceso y la agencia Cuartoscuro.
"Agotaremos cualquier indicio, evidencia y línea de investigación, sea de la autoridad que sea que se deba requerir", puntualizó.
En una rueda de prensa posterior, Mancera anunció que el gobernador del oriental estado de Veracruz, Javier Duarte, declarará hoy ante la fiscalía capitalina en relación a este suceso.
Tanto Vera como Espinosa se habían refugiado en la capital mexicana tras recibir amenazas y hostigamientos en el estado de Veracruz, el más peligroso del país para ejercer el periodismo con 14 asesinatos desde que Duarte llegó al poder en 2010.
En declaraciones del año pasado, Vera responsabilizó a Duarte de "cualquier cosa" que le "pudiera suceder" y le acusó de ser el responsable directo de la represión en ese estado del oriente de México.
En el evento de ayer, el director de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, Darío Ramírez, deseó la correcta aplicación de esta ley "plagada de buenas intenciones" que reconoce la labor del comunicador.
No obstante, recordó el Distrito Federal acumula 297 agresiones a comunicadores desde el año 2000 y que un 48 % de la violencia es perpetrada por funcionarios públicos, por ejemplo, durante manifestaciones.
Según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), 102 periodistas fueron asesinados entre 2000 y 2014 en México, convirtiéndolo en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
En este contexto, Ramírez dijo tener constancia de más de setenta periodistas que buscaron refugio en la Ciudad de México por recibir amenazas en otros estados, y consideró que, tras el asesinato de Espinosa, la capital ha dejado de ser sinónimo de seguridad.
"El miedo era real, como es real el miedo que sienten muchos colegas desplazados", señaló Ramírez, citando el caso de Espinosa y Vera.
Nueva ley no es suficiente: CDHDF
Pese a los avances que significa la Ley de protección integral a defensores de derechos humanos y periodistas, ésta no será suficiente sin la participación y vigilancia de la sociedad civil y periodistas, advirtió la comisión local en la materia.
En un comunicado, donde reconoce la labor de defensores y periodistas en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) destacó que la nueva norma incluye algunos aspectos muy relevantes.
Por ejemplo, citó el carácter forzado del desplazamiento de estas personas con motivo de su trabajo, y las medidas preventivas tanto para ellas como para sus familiares, lo cual la convierte en un instrumento con "un perfil humanitario único en su concepción".
La Ley de Protección Integral para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas crea un organismo público descentralizado del gobierno capitalino, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, lo que promete hacer más eficaz en su operación.
Pero insistió en que esas particularidades no tendrán suficiente valor si la operación del mecanismo no cuenta con el acompañamiento y vigilancia tanto de la sociedad civil como de los propios periodistas y defensores de derechos humanos.
En ese sentido, la CDHDF refrendó su compromiso de colaborar tanto con personas como con organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas, para vigilar la plena aplicación de esta Ley, cuya publicación culmina a más de un año de trabajo.
Además recordó que de manera paralela a la debida operación de estos mecanismos, es indispensable fortalecer las instituciones de procuración de justicia para acabar con la impunidad, mientras su personal, debe ser sensible a las necesidades de la gente.
Y dado su objetivo, "esta Ley llega en un momento adverso y triste para los defensores y periodistas que habitan la ciudad, a 13 días del homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, así como de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra y Mile Virginia Martín, en la colonia Narvarte".
Por ello, la Comisión reconoció que no es fácil hablar de protección en estos momentos, pero es indispensable por la obligación de proteger a periodistas y defensores, "en un país sumergido en una gran crisis de derechos humanos".
Además, recordó que es deber de los Estados proteger a sus defensores y periodistas para que puedan ejercer su trabajo con pleno respeto a sus garantías.
