Poder de fuego. Gran parte de las armas utilizadas por el crimen organizado en México proviene de Estados Unidos.
La negativa de Estados Unidos para proporcionar a México información sobre tráfico de armas, ha ocasionado que en nuestro país no se investiguen a los responsables, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR).
Según un documento interno de la PGR, preparado para sus reuniones bilaterales con EU, aunque el rastreo de armas a través de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha sido útil para conocer el origen de la mayoría de las armas aseguradas en México, existen "problemas" en la cooperación binacional.
"Ello implica que en México no se investigue a la contraparte de estos delincuentes, ya que cuando la investigación concluye en los Estados Unidos, las autoridades mexicanas ya no pueden hacer nada, ni siquiera para entrevistar al comprador con la finalidad de conocer sus redes en México", dice el documento.
La PGR tiene identificados dos problemas con el intercambio de información en este rubro.
El primero es que cuando un comprador de armas es investigado o arrestado en EU, en la mayoría de los casos no existe posibilidad de entrevistarlo o al menos conseguir información sobre su modo de operar el tráfico de armas.
El otro es que cuando un arma asegurada en México tiene fecha reciente de compra en la Unión Americana, tampoco existe la asistencia inmediata para localizar a los compradores, para entrevistarlo por un arma asegurada a la delincuencia organizada.
El documento consultado refiere que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ha formulado asistencias jurídicas internacionales, con base en el Tratado de Cooperación entre México y Estados Unidos sobre Asistencia Jurídica Mutua.
Aunque se trata de un trámite largo, donde se pierde la posibilidad de detener sospechosos en el menor tiempo posible, la SEIDO ha optado por esta vía para solicitar básicamente entrevistas con el criminal o presunto traficante de armas.
También ha recurrido a este trámite para pedir copias certificadas y apostilladas de las declaraciones de detenidos sobre sus contactos en México y solicitar que al indiciado se le practique un cuestionario sobre el proceso de compra y tráfico de armas.
"Sin embargo, en la mayoría de los casos no se ha logrado obtener información del proceso que las fiscalías norteamericanas llevan a cabo en casos de compradores involucrados en el tráfico ilícito de armas hacia México, ni de los sospechosos.
"Cuando el resultado del rastreo de armas señala a ciudadanos norteamericanos que compraron armas y que se encuentran bajo investigación, la ATF, a través de una fiscalía, no comparte información por la confidencialidad que el marco legal norteamericano señala.
"Esto obstaculiza la investigación en México de armas aseguradas a la delincuencia organizada, a pesar de que se le ha notificado de manera oficial a la ATF la detección de compradores que se encuentran relacionados en más de una investigación por tráfico de armas, en muchas ocasiones se trata de armas aseguradas al mismo cártel", dice el documento.
La Procuraduría establece que el intercambio de información con los estadounidenses permitirá identificar las rutas del tráfico de armas y establecer una cooperación recíproca con las agencias involucradas con el tema, para desarrollar una estrategia bilateral.
