Desde 1960. La Sedena deberá informar sobre delitos relacionados con tortura y abusos de poder.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá informar sobre la estadística o cualquier registro que contenga datos relacionados con investigaciones de la Procuraduría de Justicia Militar por delitos de tortura, abuso de poder y lesiones cometidos entre 1960 y febrero de 2015.
La información requerida deberá estar desglosada por el número total de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales militares, número total de elementos sentenciados, sexo y número total de ofendidos y/o víctimas de cada evento, así como entidad federativa donde sucedieron los hechos.
Ello, luego que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) revocó una respuesta que la Sedena dio a una solicitud de información presentada por un ciudadano, al señalar que en sus archivos no localizó información de hechos delictivos en los que haya sido víctima un civil, de conformidad con el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Inconforme, el ciudadano presentó recurso de revisión ante el Inai, en el que dijo que, previo a la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar, los soldados que cometían cualquier delito que afectara a civiles eran procesados por tribunales castrenses, por lo que la dependencia tenía como facultad la persecución de los delitos cometidos por su personal, hasta junio de 2014. En enero pasado, se dio a conocer documentos oficiales desclasificados en los cuales se detalla que más de 200 mandos militares actuaron en Guerrero entre 1960 y 1979, en la denominada "Guerra Sucia", donde detuvieron a miles de estudiantes, profesores, campesinos, activistas, indígenas y mujeres para torturarlos y desaparecerlos.
La ponencia del comisionado Monterrey Chepov advirtió que la Sedena fue omisa en turnar el requerimiento de información a todas las unidades administrativas competentes. Además, se confirmó que la Procuraduría General de Justicia Militar tiene atribuciones para ordenar la apertura de averiguaciones previas para esclarecer delitos de competencia de los tribunales del fuero de guerra.
MANDOS
actuaron en Guerrero en la llamada ‘Guerra Sucia’ entre 1960 y 1979, señalan unos documentos oficiales.
