El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, demandó al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, hacer pública su negativa a la recomendación que hizo el organismo por las violaciones a la libertad de expresión en contra del periodista maya Pedro Canché, quien estuvo en prisión durante nueve meses.
Argumentó que con base a la Constitución y a la Ley de la CNDH se deben fundar, motivar y hacer pública su negativa, exponiendo las razones y fundamentos jurídicos de su determinación, por lo que el gobierno de Quintana Roo tiene 10 días naturales para difundir las razones de su negativa en un diario de circulación nacional y otro de circulación estatal.
González Pérez recordó que como respuesta a dicha recomendación recibió oficios de ambos servidores públicos, mediante los cuales manifiestan su no aceptación al documento, por lo cual les señala que de conformidad con los artículos 102, apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, fracciones I y III, así como 46, párrafo tercero, inciso a), de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la autoridad o servidor público que no acepte una Recomendación deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, es decir, deberá hacer del conocimiento público las razones y fundamentos jurídicos que justifiquen dicha negativa.
“El conocimiento público de la no aceptación -en sendos oficios dirigidos al gobernador Borge Angulo y al magistrado Villanueva Rivero, enviados el pasado día 7 de julio- deriva de la necesidad de que la sociedad conozca las razones que llevaron a una determinada autoridad a no aceptar una Recomendación en la que se acreditan violaciones a los derechos humanos, por lo que es necesario que la misma se difunda por las vías y mecanismos más adecuados en los mismos términos en que la hizo saber a esta Comisión Nacional”, comentó el ombudsman nacional.
El titular de la CNDH solicitó al gobernador de Quintana Roo y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, que en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente de la notificación del oficio respectivo, publiquen en un diario de mayor circulación de ese estado, así como en uno también de mayor circulación a nivel nacional, la respuesta de no aceptación de la Recomendación y hagan llegar a la brevedad a este Organismo Nacional las pruebas que lo acrediten.
