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Ven fallas en plan antidelito

Gris. Incide Social señaló que el 75 por ciento de las ONG ve poco clara la Ley General para la Prevención de la Violencia.

Gris. Incide Social señaló que el 75 por ciento de las ONG ve poco clara la Ley General para la Prevención de la Violencia.

AGENCIAS

La mitad de las organizaciones de la sociedad civil que busca participar en programas de prevención social y de la violencia no cuenta con apoyo de instituciones públicas, según una investigación de Iniciativa ciudadana y desarrollo social (Incide Social).

Al presentar los resultados de la "Evaluación exploratoria del Fondo de Apoyo para Organizaciones de la Sociedad Civil del Centro Nacional para la Prevención del Delito y Participación Ciudadana", Incide Social señaló que el 75 por ciento de las ONG considera que es poco clara la Ley General para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia.

"Lo que nosotros analizamos en este proyecto es esta relación entre fondos públicos y organizaciones no estatales que aspiran a esos fondos, y el resultado es decirle al Gobierno y a la Unión Europea, que cuiden ciertos puntos en sus convocatorias", explicó Clara Jusidman, presidenta de Incide Social.

Alfonso Celestino, investigador de Incide Social, puntualizó que en total analizaron 60 millones de pesos que el Gobierno federal entregó en 2011 y 2012 para apoyar 49 proyectos de 26 organizaciones.

En consecuencia, consideró que las nuevas convocatorias para la entrega de recursos federales deben prestar más atención en materia de pertinencia, integralidad, efectividad, sostenibilidad y máxima publicidad.

"Es justo reconocer que en los últimos años, el Gobierno federal ha tenido algunos avances en la definición de una política nacional de prevención social (...) desafortunadamente estos esfuerzos terminan siendo acciones aisladas, desarticuladas, algunas de pertinencia dudosa, como el programa de lentes para niños de primaria, porque no existe relación comprobada entre la baja visibilidad y actitudes violentas", señaló.

Además, reveló que jamás pudieron encontrar registros de al menos cinco empresas a las que se les dio recursos en 2011 y 2012, por lo que consideran que no realizaron los proyectos y sólo se llevaron el dinero.

"El tema es no tirar el dinero, yo a veces pienso que la cantidad de recursos que ese país ha destinado a desarrollo social y prevención de la violencia, si se hubieran hecho con efectividad tendríamos otra situación en materia de pobreza, desigualdad y violencia, pero hay una serie de capas y filtraciones que impiden que estos recursos realmente vayan a beneficiar a las personas", agregó Jusidman.

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