Maltrato. De acuerdo al juez, los policías estatales de Jalisco torturaron a los criminales.
Un tribunal federal de Jalisco canceló ayer las condenas de diez años de prisión impuestas a 14 sujetos acusados de pertenecer al Cártel del Golfo.
Tras concluir que la Policía de Guanajuato obtuvo sus confesiones mediante torturas, ordenó que todos fueran liberados.
José Montes Quintero, magistrado del Tercer Tribunal Unitario de Jalisco, ordenó liberar a los inculpados, luego de cinco años y diez meses de reclusión, al estimar que la PGR no pudo probar que sus confesiones fueran lícitas.
"De las constancias narradas con anterioridad, se desprende que los acusados fueron golpeados, sin que el Estado haya demostrado que fue voluntaria la confesión que rindieron ante el Ministerio Público del Fuero Común, en Guanajuato", dice el fallo.
En cumplimiento a diversos amparos concedidos por el Tercer Tribunal Colegiado de Jalisco, Montes Quintero revocó la sentencia de diez años de prisión que él mismo había dictado contra los acusados por el delito de delincuencia organizada y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y determinó que no cometieron ningún ilícito.
En las primeras horas de hoy miércoles quedarían el libertad Jesús Manuel Delgado Valenzuela, Arturo Moreno Roque, Carlos Alberto González Aguilar, Gilberto Horacio Juárez González, Julio Andrés González Mendoza y Rubén Andrade Padilla.
También Jorge Armando Pinedo Venegas, Misael Neftalí Zavala Acosta, José Tranquilino Ortiz García, Miguel Jiménez López, Roberto Carrillo de Santiago, Miguel Ángel García Gómez, Artemio Santiago Alemán y Víctor Manuel Flores Mendoza.
Todos ellos abandonaron los Centros Federales de Readaptación Social Números 12, 13 y 14, ubicados en Ocampo, Guanajuato; Miahuatlán, Oaxaca, y Gómez Palacio, Durango, según precisa la sentencia.
El 3 de junio de 2009 los ahora exconvictos fueron retenidos por policías municipales en Silao e Irapuato, con un cargador calibre .762 mm, 61 cartuchos, dos radios, dos pares de esposas, un portaesposas de plástico y un chaleco táctico con letras blancas de MPF.
Sin mayor contratiempo, los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato (PGJEG), bajo la presunción de que eran sicarios del Cártel del Golfo.
Los detenidos reportaron que fueron objeto de golpizas, torturas y vejaciones durante sus declaraciones ante el MP estatal, donde todos se autoinculparon como miembros de dicho cártel y declararon que los demás también lo eran, aunque algunos no se conocían entre sí.
Los policías locales negaron haber golpeado a los detenidos, pero los dictámenes de la propia PGJEG y la PGR establecieron que, en el caso de Delgado, presentaba huellas de golpes en el tórax, en la zona baja de la espalda, la muñeca izquierda y rodillas, entre otras.
Según el expediente, fueron golpeados antes de que la PGJEG entregara a los detenidos a la PGR, la cual los consignó a distintos penales federales.
En mayo de 2014 el magistrado Montes Quintero instruyó a la PGR abrir una investigación sobre las torturas a los ahora liberados. Oficialmente se desconoce si fue iniciada o el estado que guarda dicha averiguación previa.
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