El Pleno de San Lázaro aprobó esta tarde en lo particular la Ley de Ahorro y Crédito Popular, por lo que será turnada al Senado de República.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular con 282 votos en favor, 50 en contra y nueve abstenciones el decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, cuyo dictamen fue turnado a la colegisladora para sus efectos constitucionales.
Además se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Al discutirse en lo particular 40 reservas a diversos artículos presentadas por legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, fueron desechadas por la mayoría conformada por el PRI, PVEM, PT y Nueva Alianza.
Elsa Patricia Araujo de la Torre expresó que el PRI trabajó en forma conjunta con todos los grupos con el objetivo de generar los instrumentos legales para ayudar a los miles de ahorradores defraudados por Ficrea y poner en orden al sistema financiero popular.
La mejor muestra de ello, abundó, es que se está privilegiando los intereses de los pequeños ahorradores y no de burócratas irresponsables que empeñaron los recursos públicos puestos a su disposición sin medir las consecuencias de sus actos.
“Más de cinco mil ahorradores recuperarán el 100 por ciento de su dinero hasta la cantidad de un millón de pesos a partir del mes de mayo, vía un fondo de apoyo mandatado por esta cámara, el cual no representará costo alguno para el erario”, dijo.
“No es un rescate, es un mecanismo técnicamente sólido para lograr este fin”, afirmó. La importancia del dictamen radica en el hecho de que las instituciones de ahorro popular atienden a gente de escasos recursos, que no tienen acceso a los servicios de banca tradicional.
El perredista Fernando Belaunzarán Méndez aclaró que en un tema como estos no hay soluciones ideales, pero sí soluciones satisfactorias y ésta es una de ellas a un problema complejo.
“Se ha dicho que esto es un Fobaproa y la verdad es que quien diga eso no entendió, y a lo mejor no entiende que no entiende, porque aquí no estamos hablando de bancos primero.
“Me parece muy penoso que haya alguien, algunas gentes que se dicen de izquierda, que confundan bancos o empresas carreteras con lo que son ahorradores y con lo que son pequeños ahorradores, eso es un universo totalmente distinto”, subrayó.
Sostuvo que no se habla de un rescate como fue el Fobaproa, porque el gobierno no está asumiendo, no es dinero público, la deuda o el fraude que se dio.
El legislador David Pérez Tejada Padilla, del PVEM, reconoció que la legislación vigente presenta deficiencias severas y fue por ello que a través del grupo de trabajo se buscó una solución a este problema.
Con este dictamen, abundó, se da un marco regulatorio que garantice una solidez y un sistema financiero robusto en el país.
Esther Quintana Salinas, del PAN, señaló que hubo personas físicas que decidieron hacer uso de este mecanismo de ahorro con intereses especulativos, generando la sospecha de que detrás de esto existe un interés que no se ha dicho o que no se ha revelado.
“Me refiero a aquellos que utilizaron de manera mezquina esta sociedad financiera popular en lugar de acudir a las instituciones bancarias, a las bolsas de valores o a otras que brindan seguridad dentro del sistema financiero”, acusó.
Por lo tanto, dijo, “no estamos de acuerdo en que se haga un rescate y pónganle el nombre que se les dé su regalada gana, pero éste es un rescate con dinero público para pagar lo que se robaron, y esto definitivamente no estamos de acuerdo”.
