Dinero. Se buscará fincar responsabilidades a los servidores públicos que invirtieron recursos en la empresa financiera.
La Cámara de Diputados solicitó a las autoridades federales, de la Ciudad de México y de Coahuila fincar responsabilidades a los servidores públicos invirtieron recursos del erario y fondos de trabajadores en Ficrea, la financiera que defraudó a los ahorradores.
El punto de acuerdo precisa que se debe aclarar el destino de recursos de los Tribunales Superiores de Justicia del DF y de Coahuila.
El exhorto está dirigido a la Procuraduría General de la República, a las Procuradurías Generales de Justicia del Distrito Federal y de Coahuila, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Auditoría Superior de la Federación.
Los legisladores piden que la CNBV informe qué otras entidades o dependencias que manejan recursos públicos y fondos de ahorro invirtieron en Ficrea.
También solicitan a la CNBV precisar información sobre recursos invertidos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el ámbito federal y estatal.
Así como eventuales inversiones de órganos autónomos desconcentrados, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, empresas productivas del Estado y sus subsidiarias, procuradurías, agencias, institutos, comisiones, fideicomisos y fondos públicos.
Con la información que se genere, plantean, se finquen responsabilidades a entes públicos y funcionarios que hayan comprometido recursos públicos y ahorros de los trabajadores.
El priista Abel Salgado recordó que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal invirtió en Ficrea 120 millones de pesos, y afirmó que en archivos del propio Tribunal hay demandas mercantiles, civiles y penales en contra de Rafael Antonio Olvera Amezcua, principal accionista de Ficrea, por incumplimiento de pagos o apropiaciones indebidas de fondos.
"Resulta increíble el candor con el que se condujeron los asesores financieros de este Tribunal de Justicia, por lo que es necesario aclarar lo ocurrido con tales recursos, pues la investigación iniciada ante la Contraloría del Tribunal, en enero de este año, hasta ahora no ha arrojado ningún resultado", advirtió.
El perredista Fernando Belaunzarán respondió que es más grave el caso del Tribunal de Coahuila.
"Está otro que es más grave: el de Coahuila, en donde lo hicieron las inversiones a través de personas físicas", se precisó.
