Organizaciones como los sindicatos de la UNAM, electricistas, tranviarios, del Colegio de Bachilleres y de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, realizaron un mitin frente a la sede del Senado de la República para demandar a los legisladores no aprueben una iniciativa de ley con la que se afectarían derechos de trabajadores de más de 100 organismos descentralizados, eliminando los derechos de huelga y contratación colectiva.
Agustín Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y Benito Bahena, líder de la Alianza de Tranviarios de México (ATM), coincidieron en que con la reforma política del Distrito Federal se incluyen cambios al artículo 123 constitucional que vulnera derechos de los trabajadores.
"Venimos a solicitarle a los senadores que no vayan a cometer el atropello de lesionar los derechos laborales de los trabajadores que tenemos contratos colectivos y sindicato y pertenecemos al apartado A del artículo 123 de la Constitución.
Con la reforma que se pretende hacer, por la transformación del DF y convertirlo en otro estado, se está proponiendo un párrafo donde se dice que todos los organismos descentralizados, públicos y autónomos, por ley, estarían en el apartado B del 123 constitucional (que son los trabajadores al servicio del Estado y que cotizan ante el ISSSTE)", expuso Agustín Rodríguez.
"Hay más de 100 organizaciones, más de 100 contratos que estarían en este supuesto y nos lesionarían, disminuirían nuestros derechos y generarían entrar en una confrontación, y somos partidarios de defender el derecho de huelga con la huelga misma, si nos limitan ese derecho habrá una huelga en este país de varios sindicatos".
Entrevistado sobre el tema, el abogado especialista en materia laboral, Arturo Alcalde, explicó que la reforma que se pretende es al apartado B del Artículo 123 Constitucional.
Mediante este se cancelarían derechos a los trabajadores de más de 100 organismos descentralizados que venían rigiendo sus relaciones en el apartado A propio de los trabajadores en general (que cotizan al IMSS), gracias a la Jurisprudencia 1/96 dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 15 de enero de 1996.
Detalló que la reforma a este apartado constitucional se aplica en todo el país, sin embargo se introdujo inexplicablemente dentro del paquete de la reforma política del Distrito Federal, aún cuando no tenga vinculación un tema con el otro.
De acuerdo a la iniciativa en cuestión con el cambio el texto a la ley quedaría así: “Las relaciones entre los organismos constitucionales autónomos y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el presente apartado. El régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados será determinado por la ley que lo rija”.
"Como se observa en este pequeño párrafo se tratan dos temas, el primero relacionado con los organismos autónomos, actualmente 10, entre ellos el Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre otros".
"Estos organismos no tenían aún definición constitucional sobre el régimen laboral aplicable si bien en sus leyes o reglamentos contenían ya restricciones a sus derechos individuales y colectivos. El asunto es más grave por lo que se refiere a los organismos descentralizados ya que en estos casos por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se rigen por el apartado A", expuso Arturo Alcalde.
De acuerdo con el especialista, la trampa del nuevo texto constitucional es que hace referencia a las leyes que rigen los organismos.
Esto, continuó, en virtud de que si se analiza la historia de cada uno de ellos en su texto original señala que las relaciones laborales deben sujetarse al apartado B, en consecuencia con la reforma se intenta echar abajo la jurisprudencia y recuperar la vigencia jurídica de las leyes de origen.
"En conclusión, de aprobarse esta reforma significaría un cambio radical al modelo laboral, suprimiría los derechos de decenas de sindicatos democráticos y cancelaría la posibilidad que tienen los trabajadores de estos organismos para formar sindicatos reales y el derecho a huelga. A nivel individual la afectación es también grave ya que en el régimen burocrático los derechos están cancelados en la práctica".
