En medio de la discusión sobre la nueva Ley General de Transparencia, el pleno del IFAI exigió al Senado no acotar el derecho ciudadano al acceso a la información ni afectar el principio de máxima publicidad al que deberían estar obligadas todas las dependencias públicas.
Los siete comisionados del IFAI firmaron un documento que fue remitido a la Cámara Alta el pasado 12 de febrero ante el temor a un posible retroceso en materia de transparencia en el país.
El texto contiene diez puntos relevantes que debería contener la nueva ley con la que los senadores están reglamentando la reforma constitucional en materia de transparencia, aprobada hace más de un año.
Entre los irreductibles del IFAI, destaca la exigencia de que el legislador precise los conceptos y causales de reserva por seguridad nacional y por estabilidad financiera, económica y monetaria, ya que se trata de restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información.
"Corresponde al legislador establecer parámetros específicos para restringir el derecho de acceso a la información, que sean necesarios y acordes para satisfacer un objetivo legítimo en una sociedad democrática, de tal manera que no se deje al arbitrio de los sujetos obligados", señala el documento.
También se exige al Senado que se mantengan como sujetos obligados de la ley los fideicomisos y fondos públicos sin hacer distinción alguna entre aquellos que son entidades paraestatales y los que no lo son.
En cuanto a los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, el Instituto recomienda que se mantenga la excepción a la reserva sin condicionarla a que exista un pronunciamiento previo de una "autoridad competente, señalaron.
Instan a resolver las denuncias
Las autoridades deben resolver denuncias de desvío de recursos públicos con fines electorales, para obtener una jornada sin dudas en la conducta de sus participantes, afirmó Flavio Galván Rivera, magistrado del Tribunal Electoral federal.
Durante el seminario "Justicia electoral y democracia. Los dilemas del procedimiento especial sancionador", indicó que el desvío de recursos públicos con fines electorales realizado por funcionarios de gobierno, constituye una violación a la Constitución que debe ser sancionado.
En un comunicado agregó que las autoridades deben resolver las denuncias, con la finalidad de lograr una jornada comicial en la que no existan dudas respecto de la conducta de quienes participan en ella.
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) explicó que aunque la normatividad no establece el desvío de dinero del erario como causal para tramitar juicios de este tipo, ante su trascendencia, esta conducta no puede dejar de ser castigada por las autoridades.
Refirió que en la práctica, el Tribunal ha sostenido el criterio de analiza quejas presentadas por partidos y la ciudadanía en casos relacionados con violaciones al artículo 134.
Los viajes
-Ximena Puente ha erogado 10 mil 785 pesos hasta septiembre del año pasado en alimentación y 180 mil 182 pesos en viajes.
-Óscar Guerra ha hecho 13 viajes con un costo de 115 mil 847 pesos.
-Areli Cano viajes nacionales por 7 mil 86 pesos.
-Patricia Kurczyn: dos viajes a Puebla y Tamaulipas, pero la aplicación no reporta ningún gasto.
-Eugenio Monterrey tiene 7 viajes por 148 mil 689 pesos.
-Joel Salas: 10 viajes, con un costo de 52 mil 973 pesos.
-Francisco Acuña: 15 viajes al interior del país, Sudamérica y Europa con costo de 74 mil 40 pesos.
