Según la denuncia, la presidenta quería que se anularan las órdenes de captura en contra de los funcionarios iraníes acusados y de las “alertas rojas” emitidas por Interpol para detenerlos en cualquier parte en donde se les localizara.
La justicia argentina publicó la denuncia completa del fallecido fiscal de la causa AMIA en contra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero la acusación central de que impulsó la impunidad de terroristas iraníes ya fue desmentida por Interpol.
Alberto Nisman, el fiscal que investigaba el ataque terrorista sufrido en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), fue encontrado muerto la madrugada del lunes en condiciones que aún no han sido aclaradas.
Su fallecimiento causó una conmoción, ya que apenas cinco días antes había denunciado a la presidenta por encabezar una maniobra para “encubrir y dotar de impunidad” a los iraníes acusados del peor atentado de la historia de este país, que dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos.
En medio de la crisis política desatada por la denuncia y muerte de Nisman, el juez Ariel Lijo dio a conocer el documento de 289 páginas, en el que el fiscal involucra también al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque y a los dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Esteche.
Según la denuncia, la presidenta quería que se anularan las órdenes de captura en contra de los funcionarios iraníes acusados y de las “alertas rojas” emitidas por Interpol para detenerlos en cualquier parte en donde se les localizara.
“La baja de las notificaciones rojas constituyó el interés central para las autoridades iraníes en este acuerdo y el canciller Timerman aceptó y contribuyó a ello. Hizo todo lo posible para que ese objetivo fuera cumplido por Interpol, más allá de sus declaraciones públicas en sentido contrario”, afirmó.
Nisman aseguró que “la diligente y a la vez inesperada -para los encubridores- actitud de Interpol”, impidió que se concretara el pacto de impunidad avalado por Fernández de Kirchner, que tenía por único fin reanudar el comercio bilateral para ofrecerle “carne y granos” a cambio de “petróleo”.
Sin importar las evidencias, añadió, “los hechos o su verdadera responsabilidad en el atentado, los ciudadanos iraníes iban a ser desvinculados de la causa, se le iba a lavar la cara a Irán y ello estaba cerrado ‘muy arriba, es decir tenía sello presidencial”.
El problema de la acusación de Nisman es que Ronald Noble, secretario general de Interpol de 2000 a 2014, rechazó, primero en un correo dirigido a Timerman y luego en una entrevista con el diario Página 12, afirmó que el gobierno argentino siempre insistió en mantener vigentes las órdenes de captura.
Las declaraciones de Noble desmienten las acusaciones de Nisman, las cuales, se desprende de la denuncia, están basadas en notas periodísticas, discursos de funcionarios, mensajes de la presidenta e intervenciones telefónicas cuya legalidad todavía está puesta en duda.
“Usted –le escribió Noble a Timerman- indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes”, aseguró Noble, quien posteriormente declaró de manera contundente: “Lo que dice Nisman es falso”.
En su denuncia, Nisman también involucró en las negociaciones de impunidad en favor de los iraníes a Ramón Allan Bogado, a quien identificó como agente de la Secretaría de Inteligencia cercano a la presidenta.
Sin embargo, el Secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, declaró este miércoles que Bogado jamás ha formado parte del personal de planta de la dependencia, e incluso estaba denunciado por presentarse como falso agente del gobierno.
Nisman tenía que explicar y ampliar los fundamentos de su denuncia el pasado lunes ante una comisión del Congreso, pero horas antes fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento.
