La diputada perredista Verónica Juárez Piña, quien también es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en San Lázaro, dijo que poco o nada se sabe de la situación de los menores y condiciones actuales. (ARCHIVO)
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados impulsa un punto de acuerdo con el que busca que la Procuraduría General de la República, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional y a los DIF estatales para que informen sobre la población rescatada en el albergue La Gran Familia los días 19 y 20 de julio de 2014 en Zamora, Michoacán.
La diputada perredista Verónica Juárez Piña, quien también es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en San Lázaro, dijo que poco o nada se sabe de la situación de los menores y condiciones actuales, por lo que es indispensable el conocer cuál es el estado en el que se encuentran todas y cada una de estas personas.
Recordó que hace unos meses la opinión pública en nuestro país, vía los medios de comunicación, fuimos testigos de un operativo federal, encabezado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA).
Con este medida se rescató a más de 500 personas, siendo la mayoría de ellas menores de edad, quienes estaban privados de su libertad en la casa-hogar “La Gran Familia”, localizada en el municipio de Zamora Michoacán, presumiendo que eran víctimas de abusos sexuales y psicológicos por parte del personal adscrito a dicha casa, principalmente por Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, administradora del albergue, quien además era reconocida como su presidenta y fundadora desde 1948.
Según informes de la PGR, en el lugar de los hechos fueron rescatadas en ese momento, 174 niñas de entre tres y 17 años de edad, así como 278 niños del mismo rango de edad; así también, fueron recuperados 138 mayores de edad de entre 18 y 40 años y seis bebés que oscilan entre los dos meses y dos años de edad. Por ello la autoridad se dio a la tarea de recabar información, sobre la procedencia estas niñas, niños y adolescentes, lo cual serviría para que el DIF Nacional y de los estados, llevaran a cabo la reintegración a sus respectivas familias.
Una vez a salvo, dijo la perredista, las autoridades recabaron diversas declaraciones de testigos y víctimas que tuvieron relación con el albergue La Gran Familia y que refirieron haber sido víctimas de diversos delitos, abusos físicos y psicológicos, así como obligados a pedir dinero en casas y calles, ser alimentados con comida en mal estado, dormir en el suelo entre plagas y con la prohibición de abandonar las instalaciones.
Entre los probables delitos que se consideraron, se encontraban los de: lesiones, abuso sexual, privación ilegal de la libertad y trata de personas por parte de algunos miembros del albergue.
Cabe señalar –añadió-- que seis trabajadores del albergue, entre maestros y supervisores, fueron enviados a prisión, acusados de privación de la libertad, delincuencia organizada y trata de personas. La directora quedó libre de responsabilidad penal debido a la argumentación de su deterioro físico y mental, pese a que se acreditó su presunta responsabilidad en al menos tres delitos federales.
“Consideramos que los espacios de cuidados alternativos no son los espacios ideales para el desarrollo de las y los menores de edad, de hacer uso de ellos, estos deberán contar con la supervisión y vigilancia institucional para evitar que la población infantil sufra de violencia, maltrato y estigma social, ya que es frecuente encontrar que las instituciones que acogen a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. También, en muchos casos, brindan sus servicios con recursos limitados y generalmente no proporcionan a la población bajo su resguardo la atención, el afecto y el cariño necesario para su desarrollo integra”, agregó.
Por ello, comentó que resulta preocupante el conocimiento de información donde se indica que a 6 meses del cierre del albergue “La Gran Familia” nuevamente se denuncia el regreso de Rosa Verduzco, "Mamá Rosa", con un nuevo albergue en Zamora, Michoacán, donde se presume tiene al menos a ocho personas, sólo que a decir del secretario de gobierno en la entidad, Jaime Darío Oseguera Méndez, la autoridad estatal no ha otorgado ningún permiso para que opere este sitio.
Por otra parte, el DIF estatal no puede intervenir aseguró la presidenta de la dependencia en Michoacán, Katherine Rose Ettinger, ya que en el nuevo albergue presuntamente abierto, no hay menores de edad.
Dio a conocer que el 21 de julio, el gobierno del Estado de México confirmó que 52 menores que se encontraban internados en La Gran Familia, los cuales quedaron bajo custodia del DIF mexiquense, por lo que fueron canalizados a dos albergues administrados y operados por esta institución, se trata de 25 niñas de entre 7 y 18 años y 27 niños de entre 9 y 18 años.
Al DIF del estado de Guanajuato le fueron puestos a disposición 12 menores de edad guanajuatenses que también estaban internados en la casa hogar. Se trata de hombres y mujeres de entre 12 a 17 años, las personas recuperadas son originarias de los municipios de León, Celaya, Tarimoro, Cortázar, Salamanca y Acámbaro.
Asimismo, el DIF del estado de Michoacán dio a conocer que el 30 de julio, rescataron a 84 menores de edad y diez adultos entre ellos, seis madres con sus hijos menores de dos años, los cuales fueron canalizados a la ciudad de Morelia a un nuevo albergue.
También, se sabe que el DIF Jalisco realizó con éxito las reintegraciones familiares de los rescatados entre el 19 y 20 de julio de 2014, lo anterior relacionado con 55 personas y una bebé que nació en este periodo, y que fueron puestas a disposición del DIF Jalisco, las cuales fueron reintegradas; cinco de ellos a las instituciones que tenían la tutela o custodia; dos al Consejo Estatal de Familia y tres a Hospicio Cabañas; los otros 51 fueron reintegrados en su totalidad a su familias.
Sin embargo, del resto de la población rescatada poco o nada se sabe de su situación y condiciones actuales, por lo que es indispensable el conocer cuál es el estado en el que se encuentran todas y cada una de las niñas y niños, lo cual corresponde a la PGR y al DIF.
La petición del informe, es un nuevo llamado a regular el funcionamiento de las instituciones que brindan el acogimiento o los cuidados alternativos para que lo hagan respetando y protegiendo los derechos humanos de las niñas y los niños. El acogimiento residencial o institucional debe ser considerado como una medida extrema, sólo utilizable cuando se hayan agotado todas las medidas anteriores. Los acogimientos o cuidados alternativos se deben de brindar siempre bajo la constante supervisión del Estado, puntualizó la diputada federal.
