Según la información del DIF Nacional, en 2013 había 25,700 niños y adolescentes en 922 albergues registrados, a los cuales, sólo el último año, se destinaron 39 millones 912,500 pesos.
Sin normatividad uniforme, bajo una supervisión no estandarizada y con un registro poco confiable, por lo menos 25,000 niños vulnerables en el país son atendidos en albergues públicos y privados.
No obstante, el gobierno federal destina recursos a estas instituciones, además de las aportaciones de los estados y municipios, las cuales en varios casos no están cuantificadas.
El caso del albergue de "La Gran Familia" de Zamora, Michoacán, intervenido por la PGR el 15 de julio pasado, prendió los focos rojos a nivel nacional respecto a la situación de este tipo de establecimientos al poner en evidencia la falta de una política nacional de supervisión del trabajo y las condiciones de los mismos.
Hasta ahora ni siquiera se tiene un padrón confiable del número de albergues que operan en el país.
Ante esta situación, el pasado 22 de julio el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) instó al gobierno mexicano a elaborar un sistema de registro de albergues y casas de cuidado de niños.
Según la información del DIF Nacional, en 2013 había 25,700 niños y adolescentes en 922 albergues -805 privados y 117 públicos- registrados, a los cuales, sólo el último año, se destinaron 39 millones 912,500 pesos.
En contraste, la Red Latinomericana de Acogimiento Familiar (Relaf) reportó en 2011 que en México existen 29 mil 310 niños que se encuentran en instituciones o albergues.
Una investigación realizada por la Agencia PAR en el DF, Jalisco, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Durango y Tabasco revela que existen albergues que no se encuentran en el padrón y que, por lo tanto, no pueden ser supervisados.
Alma Meneses Bernal, responsable del área legal y políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redin), confirma la escasez de datos específicos en torno al tema, y establece que no existe una regulación uniforme en el país que diga cómo deben operar estos espacios o cómo deben ser supervisados.
Para Bernal, el gobierno ha sido omiso al incumplir con su tarea, y ha deslindado su obligación a los particulares que tienen estos albergues.
María Guadalupe Mariscal Torroella, presidenta de la Junta de Asistencia Privada en el Estado de México, explica que si bien las instituciones registradas como Asociación Civil -como el albergue "La Gran Familia"- deben ser supervisadas por Hacienda, Regulación Sanitaria, Desarrollo Social y el DIF, estas dependencias no se dan abasto con las miles de fundaciones privadas que existen en el país.
Y la supervisión que aplican los estados y municipios, queda a criterio de los responsables de cada instancia.
Por lo anterior, sugiere que debe haber un cambio en los centros que atienden a los menores para constituirse en Instituciones de Asistencia Privada, sobre las cuales se ejerza una supervisión por parte de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia que sólo existen en 16 entidades.
