Funes, que sigue prófugo, tiene cinco procesos penales abiertos en varios juzgados. (CORTESÍA)
El Ministerio Público inició el miércoles el proceso de embargo de propiedades y cuentas bancarias a dos exfuncionarios del expresidente salvadoreño Mauricio Funes que estarían ligados a una red de corrupción que supuestamente desvió 351 millones de dólares de las arcas del Estado.
El fiscal Alexis Ayala, que dirige la Unidad Especializada der Extinción de dominio del MP, encabezó el proceso para asegurar las propiedades y cuentas bancarias del exsecretario de Comunicaciones David Rivas, y del exdirector ejecutivo de la Presidencia, Manuel Arturo Ayala, que suman 1.3 millones de dólares.
El fiscal explicó que al exsecretario de Comunicaciones se han incautado cuatro inmuebles, dos vehículos y cuatro cuentas bancarias con un valor aproximado de 800.00 dólares, mientras que al exdirector ejecutivo de la Presidencia le incautaron cinco inmuebles y tres vehículos con un valor aproximado de 500.00 dólares.
Ayala informó a los periodistas que las propiedades y las cuentas bancarias pasan a control del Estado, bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
En junio de 2018, Rivas se entregó a la justicia para responder por los cargos de lavado de dinero y fue enviado al penal La Esperanza, conocida como la "Cárcel de Mariona", ubicada en la periferia norte de la capital. Ayala sigue prófugo de la justicia.
La diligencia corresponde a la investigación ligada al caso del expresidente Funes, que gobernó el país de 2009 a 2014, y lo responsabilizan de liderar la estructura que supuestamente desvió 351 millones de dólares que fueron a parar a manos de testaferros, familiares y allegados al exmandatario.
Funes, que sigue prófugo, tiene cinco procesos penales abiertos en varios juzgados de San Salvador.
En noviembre de 2017, cuando el exmandatario ya estaba asilado en Nicaragua, un tribunal condenó a Funes en un juicio civil por enriquecimiento ilícito, le ordenó devolver al Estado 409,145 dólares y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por diez años. En la misma resolución condenó a su hijo Carlos Mauricio Funes Velasco por el mismo delito.
Por esos procesos, los tribunales salvadoreños emitieron una alerta roja de búsqueda y detención contra el expresidente salvadoreño, pero la Interpol la ha negado en dos ocasiones.
