Las 'halmonis', esclavas sexuales surcoreanas que aún piden disculpa de Japón.
El Tribunal Constitucional surcoreano consideró que no le compete valorar el acuerdo sellado en 2015 entre Tokyo y el anterior Gobierno conservador de Seúl para compensar a mujeres prostituidas a la fuerza por Japón antes y durante la II Guerra Mundial.
La sentencia llega en respuesta a una demanda interpuesta en 2016 por 29 víctimas y 12 familiares de estas mujeres que consideran que el acuerdo se hizo a espaldas de las afectadas.
El máximo tribunal surcoreano consideró que se trata "de un acuerdo de naturaleza política" y que no le corresponde revisar la constitucionalidad del mismo.
El pacto se firmó para resolver de manera "final e irreversible" el contencioso de las llamadas "esclavas sexuales" y sentaba las bases para establecer una fundación de ayuda a las víctimas para la cual Tokyo aportó mil millones de yenes (8.2 millones de euros / 9.1 millones de dólares).
Sin embargo, el nuevo Gobierno liberal del presidente Moon Jae-in, que tomó las riendas del país en 2017, canceló la creación de la fundación y congeló los fondos al considerar que el acuerdo se había hecho "de espaldas" a las víctimas y al pueblo surcoreano.
Se calcula que unas 200,000 niñas y adolescentes, la mayoría coreanas, fueron víctimas de abusos sexuales por las tropas imperiales japonesas, principalmente en China y la península coreana, desde los años 30 del siglo pasado hasta el final de la II Guerra Mundial, en 1945.
La sentencia del Constitucional llega en un momento en que las relaciones entre Corea del Sur y Japón no pasan por su mejor momento.
Tras una sentencia del Supremo surcoreano que instaba a las compañías niponas a indemnizar a coreanos esclavizados durante la II Guerra Mundial, Tokio activó restricciones comerciales contra Seúl.
Tokio defiende que las compensaciones quedaron cubiertas con el tratado de normalización de lazos de 1965, por el cual donó 300 millones de dólares a víctimas de la colonización.
Sin embargo, la dictadura militar de Park Chung-hee no canalizó los fondos a todas esas víctimas, por lo que miles de afectados han denunciado a su vez al Gobierno surcoreano.
Por tanto, la sentencia del Constitucional podría ayudar a mejorar lazos si, por ejemplo, Seúl opta por dar marcha atrás y restablecer la fundación para las esclavas sexuales.
