En 2012 había unos 12,000 reos y hoy la cifra llega a casi 24,000 repartidos en 29 cárceles.
Las dos masacres que cobraron 37 muertos en un par de prisiones de Honduras fueron atribuidas por las autoridades a la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13) en franca oposición a la intervención de militares y policías en las cárceles.
El Gobierno decretó el pasado martes emergencia en el sistema penitenciario nacional y decidió intervenir las cárceles a través de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), conformada por las Fuerzas Armadas y la Policía, debido a hechos violentos que se registraron semanas atrás. El viernes por la noche, tres días después que se tomara esa decisión, se registró una matanza en la prisión de Tela en la que murieron 18 internos en la cárcel y uno más en un hospital de San Pedro Sula; la segunda masacre ocurrió el domingo en El Porvenir y dejó 18 fallecidos.
Un total de 37 reos murieron este fin de semana por enfrentamientos en dos penales locales.
"Tenemos información que la MS está detrás y es la que ha circulado estas órdenes de hacer esos ataques", expresó el lunes a The Associated Press el viceministro de Seguridad, Luis Suazo.
"Hay unas consideraciones que no puedo divulgar, pero que ratifican que lo que está pasando viene de esa pandilla", apuntó.
El funcionario manifestó que los pandilleros de la MS-13 tienen la capacidad de organizarse dentro de una cárcel porque en todos los centros hay un buen número de integrantes que cuentan con colaboración de personal del sistema para facilitarles armas, teléfonos, drogas, así como de llevar y traer mensajes.
"El origen de los ataques, en todos los casos, fue un miembro de la MS. Además, tenemos información creíble de lo que está ocurriendo, pero no puedo entrar en detalles porque se arriesga la vida de fuentes", sostuvo.
Explicó que la intención de los internos es llamar la atención de la comunidad internacional y de organismos de derechos humanos para que hagan presión sobre el Gobierno y que retroceda en su decisión de intervenir el sistema carcelario.
"Eso les rompe el proceso de cercanía que han tenido con muchos de los agentes penitenciarios que les estaban permitiendo poder operar en virtud que son grupo criminales verticales y las medidas debilitan la estructura criminal, porque pierden la comunicación con sus subalternos", explicó.
Las medidas implementadas recientemente por el Gobierno en el sistema carcelario no han sido bien recibidas por los presos, quienes aseguran que las matanzas van a continuar hasta que se respeten sus derechos.
Un cautivo que no reveló su identidad se comunicó con la televisora local HCH y expresó el domingo por la noche que las condiciones en las que viven son inhumanas y que el Estado sólo busca reprimirlos. Aseguró que se niegan a la presencia de militares y policías en las cárceles.
El analista en materia de seguridad, Raúl Pineda Alvarado, dijo a la AP que el problema en los centros penales de Honduras es la corrupción y la incapacidad del Estado para enfrentarla.
Según el experto, por ello es una "consecuencia natural, lógica, explicable" que los recintos queden en manos de los criminales. A su criterio no sirve construir cárceles modernas que utilicen tecnología de punta si se sigue permitiendo que los reos tengan acceso a armas y grandes sumas de dinero. "Los presos manejan los negocios en las prisiones junto con autoridades del penal y tienen suficiente dinero para hacer el papel de un banco", aseguró.
Agregó que dentro de las prisiones hay una especie de Gobierno interno que actualmente encabezan pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), que tendrían control sobre sus rivales de la Barrio 18 y otros presos. "Eso genera el inevitable conflicto que se da de manera coordinada en varios centros penales".
Pineda Alvarado también consideró que las prisiones no deberían ser manejadas por militares y policías --sino por criminólogos y un equipo interdisciplinario que garantice la seguridad y la rehabilitación-- y que a mediano plazo se debe buscar ayuda internacional.
Las prisiones hondureñas son sitios hacinados. En 2012 había unos 12,000 reos y hoy la cifra llega a casi 24,000 repartidos en 29 cárceles.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma contabilizaba hasta el sábado 27 muertes en tres masacres en centros penales en 2019. Con las matanzas del fin de semana el número incrementó a 46.
El presidente de ésta, el coronel José González Maradiaga, confirmó a medios locales que una organización criminal en los centros penales está incrustada en los diferentes sistemas. Ante eso, dijo que su primera tarea será suspender a todo el personal penitenciario e investigarlos.
Por su parte, el director de FUSINA, el coronel Juan Ramón Macoto, declaró que en los primeros días de intervención constataron la ingobernabilidad, falta de liderazgo y deficientes sistemas de control en esos centros.
