El Ministerio del Interior español investiga al movimiento independentista 'Tsunami Democràtic'. (EFE)
Las movilizaciones independentistas continuaron este martes en Cataluña con nuevos cortes de calles, autopistas y vías férreas, efectuados por cientos de manifestantes que protestan contra la sentencia judicial que condenó a prisión a nueve líderes soberanistas por sedición.
El Tribunal Supremo español (TS) les impuso el lunes penas de entre 9 y 13 años de cárcel por el proceso independentista ilegal de 2017 en esa región española, que goza de una amplia autonomía.
Cientos de personas cortaron la Gran Vía de Barcelona para dirigirse al centro de la ciudad, en la segunda jornada de protestas contra la sentencia condenatoria, lo que causó desvíos de tráfico, informó la policía local.
En la provincia de Gerona las fuerzas de seguridad desbloquearon la autopista AP-7, con algún pequeño incidente, después de que unos quinientos manifestantes interrumpiera la circulación durante unas tres horas, al igual que en varias carreteras secundarias.
Igualmente se vio cortado durante un tiempo el tráfico ferroviario de cercanías entre las localidades de Puigcerdà y Urtx (Gerona).
El aeropuerto de Barcelona, el punto principal de las protestas e incidentes del lunes, recuperó la normalidad después de que grupos de secesionistas bloquearan los accesos en medio de disturbios, lo que obligó a cancelar 110 vuelos, mientras que ayer se anularon 45.
Agencias de viajes advirtieron que imágenes como las que se vieron ayer en el aeropuerto barcelonés pueden perjudicar al turismo si se mantienen en el tiempo.
La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Barcelona-Gerona-Figueras también se recuperó en ambos sentidos después de los desperfectos de las vías causadas por manifestantes.
El Ministerio del Interior español investiga al autodenominado movimiento independentista "Tsunami Democràtic", que no tiene responsables conocidos y convoca en las redes sociales lo que llama acciones de "desobediencia civil" de "no violencia" y movilizaciones como la del aeropuerto barcelonés.
Las acciones de protesta callejera seguirán, previsiblemente, toda la semana hasta la huelga general del viernes convocada por varios sindicatos soberanistas.
Alumnos de instituto y universitarios catalanes, muy activos en las manifestaciones independentistas, empezarán el miércoles un paro de 72 horas organizado por el Sindicato de Estudiantes, aunque muchos no asisten a clase desde ayer.
Las universidades catalanas funcionaron con normalidad, excepto la de Lérida, donde los alumnos ocuparon el Rectorado, y la de Gerona, que suspendió clases por falta de alumnos.
Las sedes catalanas de los partidos no independentistas Ciudadanos (liberales), Partido Socialista y Partido Popular (conservador) aparecieron ayer con pintadas de insultos como "fascistas" y de esvásticas, símbolo del nazismo.
En un ambiente político y social muy tenso, las protestas dejaron ayer 131 heridos en varios disturbios, principalmente en el aeropuerto, según emergencias médicas, con un detenido que fue puesto a disposición del juez.
También fue detenido un manifestante independentista acusado de agredir en la ciudad de Tarragona a una mujer con una bandera de España.
CRÍTICAS AL GOBIERNO CATALÁN
Las llamadas a la movilización contra la sentencia por parte del gobierno catalán y las alteraciones de orden público recibieron el reproche del Ejecutivo español.
En este ambiente, el presidente regional catalán, Quim Torra, se reafirmó en que los independentistas no aceptan la sentencia y se comprometió a no "desfallecer nunca" en el ejercicio del "derecho a la autodeterminación".
La vicepresidenta en funciones del Ejecutivo español, la socialista Carmen Calvo, replicó pidiendo responsabilidad a los cargos públicos y responsables políticos.
Frente a la tensión de estos días, pidió responsabilidad para no inducir a situaciones que "no convienen a nadie".
Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, acusó a Torra de hacer "permanentemente incitaciones a la violencia y a la desobediencia civil".
La portavoz del gobierno regional de Cataluña, Meritxell Budó, dijo que comprende y comparte las movilizaciones contra la sentencia, que fueron mayoritariamente "de manera cívica y pacífica", y resaltó que la Policía catalana llegó a cargar en el aeropuerto "para proteger a los manifestantes".
Admitió Budó que garantizar a la vez la seguridad ciudadana y el derecho a la manifestación contra la sentencia acarrea "contradicciones difíciles de resolver".
