Para observadores es especialmente preocupante de cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar en Venezuela el 6 de diciembre próximo. (ARCHIVO)
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas urgió a Venezuela ofrecer “protección efectiva” a opositores políticos, en especial los que están en detención arbitraria, así como a periodistas, defensores y abogados.
Venezuela debe “garantizar que ningún agente estatal adopte medidas o realice actos que pudieran constituir intimidación, descalificación, persecución o injerencia indebida en el trabajo de periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales, abogados y miembros de la oposición política”, recomendó.
“Asimismo le preocupan los informes relativos a las detenciones de los miembros de la oposición política, Leopoldo López y Daniel Ceballos”, subrayó el Comité al emitir sus conclusiones finales luego de la revisión del informe de Venezuela.
Ambas detenciones fueron declaradas como arbitrarias por el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la detención arbitraria.
Además, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro debe “ofrecer protección efectiva a los periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y abogados que sean objeto de actos de intimidación, amenazas y/o ataques a causa de su trabajo”.
El gobierno venezolano compareció ante el grupo de expertos de la ONU los pasados días 29 y 30 de junio para revisar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como su apego a las normas establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
La víspera un grupo de relatores especiales de la ONU urgió al país poner alto al acoso de defensores en la televisión estatal.
Este jueves los expertos del Comité han reiterado una vez más este llamado, lo que para observadores es especialmente preocupante de cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar en Venezuela el 6 de diciembre próximo.
“El Comité se encuentra preocupado por los informes que señalan que algunas de las personas que contribuyeron a su labor en el marco del examen del cuarto informe periódico del Estado parte fueron objeto de declaraciones descalificatorias”, añadió.
Por otra parte, la ONU alentó al gobierno de Caracas a “tomar medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales, y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo presiones e injerencias”.
“En particular, debe adoptar medidas para corregir a la mayor brevedad posible la situación de provisionalidad en la que se encuentra la mayoría de los jueces y fiscales”.
En lo que respecta a la detención preventiva, el Comité de la ONU observó que hasta 2014 más de 60 por ciento de las personas privadas de libertad se encontraba en prisión preventiva y lamentó no haber recibido información desagregada al respecto.
El Estado parte debe incrementar sus esfuerzos con miras a reducir el elevado porcentaje de personas en prisión preventiva, agregó.
“En particular, debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que la prisión preventiva no sea la regla general y que en la práctica se priorice la imposición de medidas alternativas a la misma”.
Finalmente, de una larga lista de recomendaciones en diversos temas de derechos humanos, los expertos de la ONU se refirieron a los informes sobre un “muy elevado número de muertes violentas en el Estado parte, incluyendo casos presuntamente perpetrados por oficiales de mantenimiento del orden”.
El Comité instó al gobierno de Maduro a “redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir y combatir las muertes violentas, incluyendo la intensificación de las acciones de desarme de la población civil”.
“Debe también velar por que todos los casos de muertes violentas sean investigados de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados”, recomendó el grupo de expertos.
