Durante el sexenio de Felipe Calderón se registró un endeudamiento neto de 2.2 billones de pesos, de los cuales, se desconoce el destino de 285 mil 103 millones, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el Informe del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, el endeudamiento en el que incurrió el gobierno serviría para pagar el costo por los pasivos contraídos y para cubrir el déficit presupuestario que se acumuló en esos seis años.
De 2006 a 2012, el gobierno federal registró un endeudamiento neto de 2.2 billones de pesos, de los cuales 1.5 billones se utilizaron para pagar el costo de la deuda. De los 726 mil 435 millones restantes, 441 mil 332 millones se utilizaron para cubrir el déficit presupuestario y se desconoce el destino de 285 mil 103 millones, reveló la ASF en la revisión a la Deuda Pública del Gobierno Federal.
Esos 285 mil 103 millones de pesos, son comparables con el presupuesto aprobado para la Secretaría de Educación Pública en 2012, que fue de 252 mil millones, o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ascendió a 254 mil millones.
La ASF reveló que tan solo en el ejercicio fiscal 2012, el gobierno federal tuvo un endeudamiento de 412 mil 298 millones de pesos, de los cuales 256 mil 935 millones fueron destinados al costo financiero de los pasivos, 151 mil 34 millones a cubrir el déficit presupuestario y de los restantes 4 mil 321 millones tampoco se supo su destino.
"Hay un problema de opacidad en la Secretaría de Hacienda, que no ha hecho esfuerzo por transparentar la deuda pública. No es un problema de corrupción, pero sí de traslucir la información", dijo el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Villarreal.
El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz, dijo que es preocupante que no se sepa el destino de recursos tan grandes, lo cual revela falta de transparencia. "Esos 285 mil millones de pesos superan el PIB de Bolivia y nos ayuda a entender el problema en opacidad".
La ASF reveló que gran parte de la deuda se aplicó para el pago de los intereses y para cubrir el déficit presupuestario y no para la amortización de capital, por lo que los pasivos continúan en aumento.
"La SHCP no cuidó que los recursos de financiamientos de la deuda pública se destinaran a la ejecución de obras que produjeran un alza en ingresos públicos, o proyectos, actividades y empresas que produjeran ingresos para su pago", detalló.
INGRESOS INSUFICIENTES
En el análisis sobre la Política de Ingresos, comprendida del periodo 2007-2012, la ASF informó que los recursos que genera y recauda el gobierno no dan soporte al gasto público.
"Con el análisis del período 2007-2012 se observó que en el primer año, el ingreso del sector público presupuestario permitió financiar el gasto neto; el financiamiento fue de 100.3%.
"Desde 2008, los ingresos financiaron en menor proporción al gasto; el porcentaje de financiamiento se redujo 10.5 puntos porcentuales, al pasar de 100.3% en 2007 a 89.8% en 2012, lo que obligó a que el endeudamiento neto fuera de 103.8% entre 2007 y 2012", reveló.
Ocultan gasto de 2 mmdp
La ASF reportó que, tanto la Cámara de Diputados, como el Senado, mantuvieron en opacidad las partidas que ejercen las bancadas, equivalentes a más de dos mil millones de pesos, y ni siquiera le permitieron conocer la información para indagar su ejercicio. En la Cuenta Pública 2012, que abarcó la 61 Legislatura y parte de la actual, destaca que en el Senado esa bolsa creció 252% en los últimos 12 años al pasar de 299 millones en 2000 a mil 56 millones en 2012. Las subvenciones son repartidas entre las bancadas cada año, mismas que los ejercen a discreción y sin comprobaciones.
En el Senado, la ASF confirmó que no le dio la información de subvenciones, que sumaron más de mil millones de pesos, por tanto, no fue posible comprobar si estos recursos se usaron para trabajos legislativos. Además hubo reasignaciones -sin justificar- por más de 8 millones de pesos, de otras partidas para nutrir esta bolsa. "Esto evidencia falta de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos", dice el texto de la Auditoría. Además, se documentaron 24 casos en que senadores y funcionarios pidieron reembolsos por más de 57 mil pesos por consumo de alimentos, realizados en fin de semana, cuando no hay sesión en las Cámaras.
Detectan irregularidades en compras de Sedesol
En el informe de la cuenta pública 2012, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por un total de 523 millones 96 mil pesos en la compra de bienes inmuebles y el contrato de servicios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La ASF determinó que la Sedesol pagó al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) por servicios de los cuales no se tiene evidencia que fueron recibidos, en el rubro de aplicación de cuestionarios.
Señala que "existen diferencias" significativas entre los encuestadores que aplicaron los cuestionarios para el ingreso al programa 70 y más -luego modificado a 65 y más- y las personas que realmente aplicaron los cuestionarios. Además, la Sedesol no acreditó que los servicios pagados para la aplicación de los cuestionarios, a cargo de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (Programa 70 y más) se hubieran recibido en los términos requeridos y hubieran cumplido con su objetivo.
En otra segunda revisión, se encontraron inconsistencias en los informes de bienes inmuebles de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por un total de 449 millones de pesos, que no fueron reportados como activos fijos.
"La dependencia registró contablemente el valor de 81 inmuebles, conforme a los avalúos practicados, lo que generó incrementos en los saldos de activos fijos de 873 millones, que representan el 66% del activo total. De los bienes inmuebles, 81 están registrados en el activo fijo, mientras que los 61 irregulares los registró en cuentas de orden", detalla.
También la CDI no pudo esclarecer el destino de 474 millones de pesos destinados a apoyos para indígenas.
"En cuanto a su otorgamiento, ejercicio, registro, seguimiento y comprobación, se determinó que la CDI requiere fortalecer su sistema de control interno a fin de asegurar el cumplimiento en la entrega de los apoyos, así como la transparencia en su destino y aplicación", explica.
