La construcción de las más de 20 viviendas registra un avance del 80 por ciento y se requieren alrededor de 3.5 millones de pesos.
La construcción de las viviendas donde serán reubicadas las familias afectadas por los hundimientos ocasionados por el paso del río Nazas por su cauce natural, está detenida. La Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (Coesvi) espera que esta administración participe para concluir la obra que data de casi 10 años.
De acuerdo con Raúl Villegas, coordinador de Coesvi Laguna, la construcción de las más de 20 viviendas registra un avance del 80 por ciento y se requieren alrededor de 3.5 millones de pesos para que las familias que aceptaron la reubicación puedan mudarse a su nuevo hogar.
Se trata de las familias de la colonia César G. Meraz, de Lerdo, las que se vieron afectadas por los hundimientos registrados tras el paso del Nazas por cauce natural, debido a que sus viviendas se encontraban en una zona que se determinó como de alto riesgo, por lo que fueron desalojadas.
De acuerdo con un estudio realizado en el 2009 por autoridades federales, en las colonias César G. Meraz, Villa de las Flores y Emiliano Zapata, se determinó que 51 lotes se encontraban en alto riesgo por los hundimientos, pero solamente 24 familias habían aceptado la reubicación.
Ahora, la Coesvi tratará de buscar el apoyo que se requiere para concluir la construcción, el cual no se logró obtener de las pasadas administraciones municipales.
"Estamos viendo la forma de poder bajar el recurso para terminar las viviendas. Tienen un 80 por ciento de avance, aquí lo que falta es el tema de los servicios públicos, agua, drenaje. Son aproximadamente 27 viviendas y son 22 beneficiarios de la colonia César G. Meraz", comentó Villegas.
APOYO MENSUAL
Mientras se concreta la reubicación y a fin de evitar que las familias regresen a la zona de riesgo, el Estado, a través de la Coesvi, mantiene el apoyo mensual para el pago de renta de otras viviendas.
Son alrededor de 15 familias a las que se entrega el apoyo de manera mensual que corresponde a 1,500 pesos.
De acuerdo con el coordinador, cada tres meses se realiza un recorrido por la zona de riesgo para verificar las condiciones de las viviendas. En ese tiempo, únicamente se detectó una casa habitada, la cual a decir del propietario, fue invadida.
"Detectamos una, pero argumentaba que la invadieron entonces nosotros le pedimos la denuncia ante la Vicefiscalía de Justicia, la llevó, las personas se desalojaron y se continuó dándole el apoyo. Una de las cosas del convenio, y lo que hay que analizar con ellos, es que una vez que nosotros les entreguemos las casas, nos tienen que entregar las escrituras de su vivienda para catalogarla y registrarla en el Registro Público de la Propiedad como zona de riesgo".
