Un juez federal prohibió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolver los procedimientos de sanción administrativa contra la constructora brasileña Odebrecht, implicada en un escándalo de corrupción por contratos con Pemex.
El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa concedió el martes la suspensión definitiva en un amparo promovido por Odebrecht el 29 de septiembre, para impugnar supuestas irregularidades en el trámite de tres procedimientos para sancionar a la empresa.
La suspensión no impide a la SFP seguir integrando los procedimientos, pero le ordena "dejarlos en estado de resolución" sin dictar el fallo respectivo, hasta que se resuelva el amparo, lo que podría tomar varios meses.
Las únicas sanciones que la SFP puede imponer son multas e inhabilitación para obtener nuevos contratos públicos. Se ignora si existen nuevos procedimientos contra Odebrecht, adicionales a los incluidos en este amparo.
El Juzgado Sexto concedió el 3 de octubre una suspensión provisional, que fue impugnada por la Unidad de Responsabilidades en Pemex, encargada de integrar los procedimientos.
El 6 de octubre, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmo por unanimidad la suspensión provisional, con base en la tesis de la Suprema Corte de Justicia que ordenan aplicar el principio de presunción de inocencia en este tipo de procedimientos.
La suspensión definitiva también puede ser impugnada, pero su revisión por el tribunal colegiado tomara varias semanas, o incluso meses.
Odebrecht alega en el amparo que la SFP se negó a tramitar algunos incidentes sobre temas técnicos, entre ellos: traslación del tipo y adecuación de la pena; litisconsorcio pasivo necesario y acumulación; y control difuso de regularidad Constitucional.
El juicio de amparo servirá, por tanto, para aclarar si la SFP debió tramitar estos incidentes, que en la práctica pueden no ser otra cosa que tácticas dilatorias para prolongar el procedimiento.
