Alí Baba superado por el Gobierno federal
Inaudito, insólito, inédito, pero sobre todo execrable, infame, injustificable y condenable por cualquier ángulo que se quiera ver. En otros países, incluso latinoamericanos, por menos de lo que aquí se hizo, ya habría muchos funcionarios en la cárcel. Sí, ya sabe a qué me refiero: la bien llamada Estafa maestra; noticia que cubrió planas completas en todos los diarios de nuestro país.
Pero la inmediatez y la abundancia de noticias, a cual más de truculenta y escandalosa, hace que la información vaya pasando en cámara rápida, pero en la conciencia de la ciudadanía va quedando una huella, una impresión difícil de digerir y de borrar; pues no se concibe que el propio poder ejecutivo (por suerte no todo) organizado cual vil caterva de pillos hayan urdido con mente maquiavélica estafar millonariamente a su propio país. ¡Al país al que deberían servir!, pues no dejan de ser servidores públicos.
73 convenios de cuentas públicas, 11 dependencias, 186 empresas, 128 de ellas, impedidas legalmente, empresas “fantasmas”, sin domicilio fiscal, desmanteladas o sin registro ante la Secretaría de Economía; 8 universidades, cientos de personas implicadas y miles de millones “perdidos” en este megafraude en perjuicio de la nación.
El erario público ha sido saqueado por el propio Gobierno federal, ni siquiera se esperó al “año de Hidalgo”, último año del sexenio en el que por mala costumbre los servidores públicos tratan de llevarse algo extra del erario público. En este caso no fue así. Pareciera que el titular del Ejecutivo (Peña Nieto), hubiese puesto el mal ejemplo con el conflicto de interés (casa de 7 millones de la primera dama “La Gaviota” y el grupo Higa) que desestimó Virgilio Andrade, nombrado como fiscal especial por el propio presidente. ¿Dónde se había visto que un presunto implicado designara a su propio fiscal? Sólo en México, un México surrealista y kafkiano, en el que los rectores de universidad, que deberían ser modelo de probidad se hayan prestado para triangular el mayor fraude de la historia en un país en el que la clase media aumenta las filas de la pobreza.
Pareciera que el concepto de Peña Nieto acerca del fenómeno de la corrupción: “La corrupción es un asunto de orden cultural”, caló hondo en la mente de su gabinete en aquel entonces (2014), y diera con ello, el banderazo de salida para que, el que tuviera más saliva, tragara más pinole; y aunque reconociendo el factor cultural llamó a construir una nueva cultura ética, parece que sus palabras son y han sido siempre palabras huecas, cuyo significado no coincide con su significante; y algunas de las acciones emprendidas para prevenir y sancionar la corrupción y la impunidad llevan la impronta, el estilo, la huella, de sus autores, tal como ocurrió con el intento del pase automático de Procurador General a Fiscal Anticorrupción a nivel nacional; y de muchos fiscales anticorrupción designados a modo, en algunas entidades del país, tal como se hizo en Coahuila.
Pero, volviendo al tema, la pregunta es: Si ya se tiene toda la información necesaria y suficiente que el periodismo profesional ha investigado y publicado, y que debería servir para vincular a personas físicas a proceso por el delito de fraude, ¿Por qué no se ha hecho? Ante los hechos presentados, lo menos que debería hacer el Titular del Ejecutivo es destituir del cargo a quienes todavía continúan al frente de una Secretaría y que han sido implicados en este delito. Pero… ¿con qué calidad moral? He ahí la cuestión.
Héctor García Pérez
Comarca Lagunera
