Denuncian panistas una supuesta red de corrupción alrededor del candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme, en complicidad con funcionarios públicos bajo su mando, que ha servido para desviar más de 180 millones de pesos para su enriquecimiento.
Luis Fernando Salazar, senador panista, expuso a detalle tres casos donde señaló que existen negocios ilícitos, conflicto de intereses y peculado.
Miguel Riquelme tomó posesión como alcalde de Torreón en el 2014 y designó como director de Obras Públicas a Gerardo Berlanga, como contralor a Javier Lechuga, y a Xavier Herrera como gerente del Simas. De acuerdo a la investigación, al mes se creó una red de empresas y constructoras para apropiarse de las obras, desviar recursos y traficar influencias.
Lauro Villarreal, exjefe de Riquelme en la secretaría de Desarrollo Regional, creó Vibla Edificaciones y simula dejarla a cargo de su hijo, que tenía 24 años, y como comisario Javier Lechuga, un acto ilegal. Gerardo Berlanga se apropió de Proyectos de Ingeniería Laguna S.A. de C.V. y simula dejarla a cargo de su hijo, que tenía 25 años.
A cuatro meses de la gestión de Riquelme, Berlanga adjudica a Vibla su primer contrato para remozar la plaza en Ciudad Nazas, luego en Línea Verde, albercas y otros, por 50 millones de pesos. Asimismo, se autoadjudica a Constructoras y Estructuras Laguna, S.A. de C.V., operada por su exsubordinado Gabriel Díaz Couder, la supervisión de las obras, por más de 11 millones de pesos. Esta empresa además compartía domicilio con la empresa de Berlanga, en un inmueble de su esposa.
En el 2016 y 2017, el gobierno de Rubén Moreira otorgó contratos de obra tanto a Vibla como a Proyectos de Ingeniería Laguna para remozar la plaza de Viesca por más de 30 millones de pesos, a través de la secretaria de Infraestructura acusada de usar empresas “fantasmas”, María Esther Monsiváis. Nuevamente aparecieron como representantes legales los hijos de Berlanga y Villarreal.
Además, Berlanga adjudicó directamente a una persona física 10 millones de pesos, que se presume es una “caja chica” o empresa “fantasma” que se esconde bajo el nombre de Marisol Vanessa Rodríguez García, quien es beneficiaria del INEA. A esto se suman los 88 millones detectados por el diario Reforma.
La investigación señala que Xavier Herrera formó una red de contratistas para financiar el plan, a través de las empresas Camel 23 S.A. de C.V., cuyo representante legal es Fernando Campa Elías, su socio en la empresa Eventos Heroca S.A. de C.V. y que opera, entre otros negocios, el bar La Catrina. Siguiendo el modus operandi, asigna obras a Berlanga a través de las empresas de su subalterno y supervisor de obras en el municipio, Aldo Daniel González Ceniceros, utilizando empresas como Digital Plotter, S.A. de C.V. y Proyectobras S.A. de C.V., y por las que es beneficiario por más de 10 millones de pesos.
El PAN señaló que el enriquecimiento descomunal y el crecimiento patrimonial injustificado se demuestra en la adquisición de numerosas propiedades por parte de los cónyuges de los involucrados.
Guillermo Anaya, candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, llamó a poner un alto a través del voto, y con acciones legales contundentes.
“Se trata del mismo modus operandi de los Moreira, que fueron los maestros de Riquelme, son sus cómplices y hoy lo quieren de tapadera para todos los ilícitos”, expresó.
Panistas expusieron hoy presunta red de corrupción en administración de Miguel Riquelme. (FABIOLA P. CANEDO)
