Foto: Aída Moya
Son diversas las lecturas que explican los procesos legales contra exgobernadores. Una de las más socorridas es la que les endilga el mayor de los pecados en la política mexicana: una derrota electoral que entregó el poder estatal a la oposición.
En agosto de 2010 se estrenó The Expendables, cuyo título fue transformado, para los cines de habla hispana, en Los Mercenarios o Los Indestructibles. Una traducción más fiel destacaría el carácter prescindible de los miembros del equipo liderado por Sylvester Stallone.
El argumento no merece mayores comentarios, lo importante del filme era el rutilante reparto que reunió a un buen número de artistas de las coreografías de combate, un dream team con actores capaces, actuando en solitario, de domar ejércitos, fulminar a sicarios legendarios o conquistar el triunfo en torneos mortales.
Una especie de equipo de imprescindibles fue el que presumió Enrique Peña Nieto durante la campaña de 2012 que derivó en su triunfo en la elección presidencial.
Micrófono en mano, Peña Nieto, celebró a la nueva generación de priistas que habían sepultado al viejo partido oficial. Tres nombres pronunció en esa ocasión, hombres en los que, en buena medida, confiaba para devolverle el poder a su depositario natural en el sistema mexicano: el PRI.
Y es que, en ayeres muy recientes, ser gobernador era ser indestructible. Las voces que los señalaban como actores corruptos de la corrupta escena política no dañaron a un Arturo Montiel, ex jefe del Ejecutivo en el Estado de México, o a un Roberto Madrazo, ex cabeza de gobierno en Tabasco.
Además, la alternancia en la presidencia inaugurada con el sexenio de Vicente Fox y continuada con Felipe Calderón dio a los mandatarios de las entidades federativas unas capacidades de negociación y de acción de las que no habían gozado nunca antes.
El juego cambió y hubo quienes definieron a los gobernadores de estos períodos como virreyes que, sin lealtad partidista hacia el Jefe del Estado Mexicano, pudieron actuar libres del centralismo de los viejos tiempos.
Sin embargo, el juego de la alternancia llegó a los estados y con las nuevas tecnologías apareció la virulenta difusión de actos de corrupción que han puesto en la pica, entre otros, a los tres hombres que Peña Nieto puso como ejemplos.
Hoy esos tres nombres están inscritos en abundantes denuncias por daños al patrimonio de sus respectivas entidades. Pero no son los únicos casos de virreyes con la cárcel como probable destino. Tampoco han sido los primeros en ser acusados y seguramente no serán los últimos.
EL DECANO
Mario Villanueva es el decano de los gobernadores que en tiempos recientes han dado el paso del palacio de gobierno al juzgado. Su historia es larga como un juicio que agota todas las instancias. En su caso, el paso por tribunales derivó en una prolongada visita a prisión.
Villanueva Madrid fue el gobernador priista de Quintana Roo entre 1993 y 1999. En las postrimerías de su sexenio lo acusaron de tener nexos con el narcotráfico. Hombre precavido, desapareció dos días antes de la ceremonia en la que debió entregar el cargo a su sucesor, Joaquín Hendricks Díaz. Fue capturado en Cancún en mayo de 2001 y de ahí lo trasladaron al penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Lavado de dinero, asociación delictuosa y facilitar dentro de su demarcación el trasiego de droga salida de Colombia rumbo a Estados Unidos fueron las principales acusaciones en su contra. En junio de 2007 un juez lo absolvió del cargo de 'narco' y ordenó su liberación. Empero, la justicia estadounidense tenía un pendiente con él por su papel en el ingreso de cantidades ingentes de cocaína en el mercado de drogas más grande del mundo. En octubre de 2007 perdió la batalla para ampararse contra la extradición. Al mes siguiente la burocracia mexicana autorizó el viaje.
En 2008 fue condenado, en tribunales mexicanos, a 36 años de cárcel; luego la la pena sería reducida a 28 primaveras. En mayo de 2010, Villanueva Madrid viajó a Estados Unidos a presentarse ante una corte federal en Nueva York. Delitos contra la salud y asociación delictuosa fueron los cargos que justificaron su comparecencia.
En agosto de 2012, el ex gobernador reconoció ante la justicia norteamericana que lavó dinero del Cártel de Juárez. En junio de 2013 fue sentenciado a 11 años en prisión por confabularse para importar cocaína y lavar millones de dólares en sobornos. Sus abogados llevan desde 2012 confiando en que ahora sí, el próximo año, quedará libre. Si cumple su condena completa, saldaría sus asuntos con la ley con más de 90 años de edad.
LA ALTERNANCIA COBRADA
Acusado de homicidio doloso y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Pablo Salazar Mendiguchía estuvo preso de junio de 2011 a noviembre de 2012. Había gobernado Chiapas en el período 2000-2006 luego de ser postulado para el cargo por una coalición de ocho partidos que incluyó a militantes perredistas, panistas y petistas.
En su registro de causa quedó asentado un presunto desvío de 104 millones de pesos. La fiscalía chiapaneca denunció que el exgobernador y otros 57 funcionarios compraron un seguro por defunción en 2005 que expiraba el 7 de diciembre de 2006, 24 horas antes del fin de su sexenio.
El 27 de febrero de 2007, cuando ya no eran servidores públicos, Salazar y su equipo cobraron el seguro. A Salazar también le achacaron el uso indebido del fondo para reconstruir daños provocados por el huracán Stan que en 2005 arrasó con 50 vidas y 31 mil viviendas. Otro punto negro en el expediente fue su presunta responsabilidad en la muerte de 35 recién nacidos en un hospital en el municipio de Comitán de Domínguez en los años 2002 y 2003. Acabó investigado por presunta negligencia ya que en abril de 2004 había recibido una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que acreditó una deficiente atención médica en ocho de las defunciones de bebés.
Para el exgobernador, el paso por prisión no era sino el resultado de un capricho de su sucesor en el cargo, Juan Sabines, a quien acusó de estar perpetrando en Chiapas un "latrocinio sin precedentes", de birlarle al erario la nadería de más de dos mil millones de pesos; tan sólo 900 millones, según las cuentas de Pablo Salazar, habrían sido entregados a constructoras fantasmas para financiar obras que no se ejecutaron.
En años recientes Juan Sabines fue nombrado cónsul en Orlando, Florida. Hasta allá lo persiguieron las críticas hacia su labor en el estado del sur. Luego de la masacre en el bar Pulse, el padre Alejandro Solalinde preguntó en Twitter: ¿Alguien sabe dónde está el cónsul de México en Orlando?
Una respuesta común fue: está disfrutando del dinero que se llevó de Chiapas.
RECLUSIÓN
Pasó por la gubernatura de Tabasco, esto en el período de 2007 a 2012. La Procuraduría General de la República lo acusó de evasión fiscal por un monto de dos millones 156 mil pesos. En 2014 le dictaron auto de formal prisión, imputado por los ilícitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Su nombre: Andrés Granier Melo.
Las pruebas en su contra incluyeron un audio difundido por una estación de radio de Villahermosa, capital tabasqueña. En esa grabación Granier aceptaba de buen grado ser un inversor binacional, con propiedades en México y Estados Unidos. También reconocía que en su vasto guardarropa había un millar de camisas y 400 pares de zapatos.
En 2013, los problemas de salud le facilitaron el cambio de residencia bajo vigilancia y aterrizó con sus malestares en la Torre Médica del Reclusorio Femenil Tepepan de la Ciudad de México. A principios de noviembre de este año, sus abogados pidieron que se le autorice la prisión domiciliaria para atender mejor sus dolencias.
Otro señalamiento que pesa sobre Andrés Granier es el de haber forjado una deuda por 23 mil millones de pesos a cargo del Estado.
Dentro de las diligencias investigadoras contra el político caído en desgracia, al responsable de las finanzas de su sexenio, José Manuel Sainz, le hallaron en posesión de 100 millones de pesos en efectivo.
En el otro extremo de México también salió un virrey que devinó en carne de presidio: Narciso Agúndez Montaño. A este exgobernador de Baja California Sur, electo para el período 2005-2011, enfundado en los colores del Partido de la Revolución Democrática, lo mantuvieron en prisión de mayo a diciembre de 2012, acusado de peculado.
Apenas unas semanas después de dejar el cargo, en diciembre de 2011, la Contraloría estatal lo inhabilitó por seis años para ocupar cargos públicos debido a una transacción irregular. La operación sujeta a revisión consistió en la venta de predios de gobierno en un fraccionamiento con aires de exclusividad ubicado en Los Cabos.
El recuento continúa con Jesús Reyna Garcí, cuya presencia en estos párrafos es peculiar. Fue el sucesor de Fausto Vallejo, quien, aquejado de precaria salud, soltó la gubernatura de Michoacán en 2013.
Reyna García, en su calidad de Secretario General de Gobierno, ascendió hasta el tope del escalafón estatal. Al año siguiente acabó en la cárcel acusado de tener nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios y un par de actividades relacionadas, la comisión de ilícitos contra la salud y extorsión.
Entre las personas que denunciaron a Reyna García estuvieron la senadora panista Luisa María Calderón, y el líder de autodefensas, José Manuel Mireles.
Otro que también conoce lo que es la prisión, aunque sea por breve tiempo, es el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat.
Llegó al cargo postulado por el Partido Acción Nacional y lo ejerció de 2004 a 2010. Fue detenido en julio de 2015 y aunque sí conoció el interior de un Cereso, el Centro de Reinserción Social de Aguascalientes, fue liberado cuatro días después, tras el pago de una fianza tasada en siete millones 842 mil pesos.
Dos delitos ameritaron la millonaria cantidad: defraudación (no presentó su declaración fiscal en 2009) y peculado. La fianza se dividió en dos bolsas: 50 mil pesos para cubrir obligaciones del proceso y un multimillonario resto como garantía de reparación del perjuicio al fisco federal.
EN LA MIRA
Un estudio elaborado por la consultora Integralia consignó que, hasta enero de 2016, eran 14 los gobernadores mexicanos investigados por autoridades federales o extranjeras, virreyes recientes con indagatorias abiertas por delitos como peculado, narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y asociación delictuosa.
Integralia destacó que cinco exmandatarios conocieron la prisión, uno más, al momento de emitir sus resultados, seguía en funciones y otro fue nombrado integrante del Servicio Exterior Mexicano.
Los siete restantes quedaron en libertad, fueron absueltos o se exiliaron.
En la categoría de absueltos aparecen Juan Sabines, Narciso Agúndez Montaño y Pablo Salazar.
También se menciona a Óscar Espinosa Villarreal, el exjefe del departamento del Distrito Federal.
A este último regente del DF lo acusaron de un peculado en contra de la hacienda capitalina por 420 millones de pesos. Luego de una fuga temporal fue detenido en Nicaragua.
Ya extraditado a México los tribunales determinaron que debía pagar 626 millones de pesos para reparar su falta o pasar siete años y medio encerrado. Su caso, y la correspondiente absolución, corrió a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El argumento esgrimido para dejarlo en libertad y con el expediente limpio fue que no era competencia de un juzgado del Distrito Federal del fuero común llevar el caso de Villarreal.
El ex regente afirma que su paso por prisión se debió a que el PRI lo dejó solo. Ni el partido al que renunció en 2006 ni el presidente Ernesto Zedillo, del que era colaborador cercano, se hicieron cargo de su tema.
ESPECTADORES INTERNACIONALES
La trama de los exgobernadores mexicanos en la mira de la ley es seguida con interés por medios de comunicación europeos y estadounidenses.
En ellos se destacan los tres nombres que fueron mencionados por el presidente Peña Nieto como ejemplos de una nueva generación de priistas.
Cuatro años después de la campaña, esos exmandatarios son las cabezas visibles de una "crisis política" causada en México por la corrupción.
En Youtube es fácil encontrar el segmento de un programa transmitido en televisión nacional en el que Enrique Peña Nieto habla sobre el cambio generacional y destaca que forman parte del nuevo PRI "el gobernador de Quintana Roo, Beto Borge, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte, gobernador de Chihuahua".
En octubre pasado, en una aparición pública dentro del Foro Impulsando a México, el presidente Peña dijo no recordar aquellas palabras, aunque reconoció que seguramente en algún momento las pronunció.
A nivel internacional gustan de señalar que la actual crisis política nació hace cuatro años en un reino a un lado del mar.
EL HURACÁN DUARTE
En la entidad veracruzana los focos de peligro no se han apagado en mucho tiempo. Muy temprano en su mandato Javier Duarte fue acusado por el PAN y el PRD, entre otras fuerzas críticas, de desviar recurso público a la campaña del aspirante presidencial Enrique Peña. Esa denuncia, sin embargo, no prosperó. El extinto Instituto Federal Electoral resolvió que las acusaciones carecían de sustento.
En los años siguientes hubo sonados casos relacionados con la inseguridad. Frente a la mirada nacional desfilaron desapariciones y asesinatos de jóvenes, la violación de una menor de edad por un grupo de juniors, los homicidios de periodistas y las acusaciones contra la corrupta administración de un prepotente gobernador.
Sin embargo, fue a principios de este año que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) abrió una investigación contra este neopriista.
El objetivo: dar con empresas "fantasma" utilizadas por Duarte de Ochoa para hacer perdidizo dinero del pueblo.
Con la expulsión del PRI cercana y sujeto a investigación, el gobernador Duarte solicitó licencia y se separó del cargo el pasado 12 de octubre. Lo siguiente que se supo de él es que desapareció.
La PGR solicitó a la Interpol (Policía Internacional) emitir una ficha roja para detenerlo en cuanto asome la cabeza en algún destino fuera de México. La fiscalía mexicana también ofrece recompensar con 15 millones de pesos a quien proporcione información que ayude a lograr la aprehensión del escurridizo exmandatario.
Las autoridades reconocieron su despiste en boca del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
El funcionario declaró a finales de noviembre que no había disponibles datos como para precisar si el exgobernador veracruzano seguía en el país o ya había logrado escabullirse de manera ilegal.
A mediados de noviembre, en Tapachula, Chiapas, fue detenido Mario Medina Garzón, individuo que portaba pasaportes falsos con fotos de Javier Duarte, que lucía tremendo mostacho, y de su esposa Karime Macías.
Medina Garzón reconoció que iba a entregar los documentos apócrifos al político en fuga pero no reveló el lugar del encuentro
En la Auditoría Superior de la Federación califican como "históricos" los desvíos de recursos federales perpetrados durante el sexenio pasado en esa demarcación. Se trata de 60 denuncias que superan los 60 mil millones de pesos en daños al erario veracruzano.
Se han recuperado 421 millones de pesos malversados. Las autoridades han descubierto que se utilizaron para financiar la constitución de empresas fantasma y compras de residencias; también engrosaron cuentas bancarias en México, Estados Unidos, Costa Rica y España.
PADRÉS SIN DERECHO A FIANZA
El escándalo en Sonora se inauguró en febrero de 2015. Por esos tiempos causó revuelo la noticia de que el gobernador panista construyó, sin gozar de los permisos para ello, una represa en uno de sus ranchos. La obra fue destruida, el político recibió una multa y la cosa no pasó a mayores.
Sin embargo, surgió una minuciosa investigación por su presunta comisión de irregularidades en el cobro de impuestos federales. El SAT se encargó de las pesquisas.
En septiembre de ese año los vientos de cambio llegaron al Ejecutivo sonorense. Entró a mandar Claudia Pavlovich y unas cuantas semanas después su administración despotricó contra Padrés por la deuda pública heredada y superior a los 30 mil millones de pesos.
Desde entonces se han presentado 200 denuncias por irregularidades cometidas durante el gobierno de Padrés, agrupadas en torno a grandes temas como lavado de dinero, evasión fiscal y mal uso de recursos públicos.
Pavlovich señaló que el estado sonorense debía al menos siete mil millones de pesos a proveedores y que muchos de esas deudas causaron la ruina de las empresas acreedoras.
La caza de funcionarios del sexenio pasado también alcanzó a Francisco Ávila Quiroga, director de la Auditoría Fiscal de Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Padrés.
A él se le imputó un probable uso indebido de atribuciones y facultades para condonar impuestos a 574 contribuyentes. Esto ocasionó, señaló la parte acusadora, un perjuicio al fisco federal por mil 705 millones de pesos.
A Guillermo Padrés, que se entregó voluntariamente y está a la espera del juicio por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, las autoridades investigadoras le adjudicaron cuentas en el extranjero por 8.8 millones de dólares. Esos dineros no fueron mencionados por el aludido en las declaraciones de impuestos.
De esa fortuna se desprenden señalamientos de que el exgobernador hacía transferencias del extranjero hacia México y a la inversa para ocultar el origen de la plata. También se le atribuye el financiar empresas manejadas por familiares que facturaron operaciones simuladas.
Un tribunal le dictó auto de formal prisión y no concedió la libertad bajo fianza debido a la gravedad de las acusaciones. No obstante, el exgobernador puede solicitar una medida cautelar para vivir el proceso fuera de prisión.
UN TRÍO DE VIRREYES
El segundo Duarte, César, exmandatario de Chihuahua es otro con proceso abierto por peculado y enriquecimiento ilícito. El origen de las acusaciones también es blanquiazul: el exsenador panista y hoy gobernador, Javier Corral, junto a un grupo de activistas, inició la demanda contra los excesos del neopriista ante la PGR.
La joya de las acusaciones en su contra es el depósito de 834 millones de pesos del erario en el Banco Progreso Chihuahua. DuarteJáquez es accionista de esa institución.
Según Corral Jurado, su administración está integrando cerca de 50 expedientes de los que saldrán denuncias tanto penales como administrativas contra el priista modelo.
Un señalamiento reciente contra César Duarte es que dejó vacías las arcas de la entidad.
El actual cónsul mexicano en España, Fidel Herrera Beltrán, exgobernador de Veracruz, es otro con expediente iniciado por peculado y desvío de dinero público.
Esta carpeta fue iniciada en 2013. Jorge Sotomayor, en ese tiempo diputado panista, fue quien señaló al antecesor de Javier Duarte.
Otro expediente abierto tiene el nombre de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo. En su caso pesa la posibilidad de sufrir la expulsión del PRI.
Borge es uno de los favoritos de la prensa internacional por actos como vender a amigos y familiares terrenos en una zona exclusiva y protegida.
También pesan sobre él las correspondientes acusaciones por endeudar a la demarcación y por abultar su cuenta bancaria costa del erario.
OTRA RECOMPENSA
La captura de Tomás Yarrington es un negocio atractivo para quien proporcione información que permita dar con su paradero. La PGR ofrece 15 millones de pesos por señas y sugerencias que conduzcan con tino a la captura de este político prófugo.
Yarrington fue gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004. Cuando dejó el puesto los vientos soplaban a favor, tanto que hizo su lucha con miras a conseguir la candidatura priista a la presidencia en 2006.
La tranquilidad se acabó en 2012, cuando autoridades federales de Estados Unidos lo acusaron de tener nexos con narcos.
Según informes de la Agencia Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés), Yarrington Ruvalcaba recibió dinero de jefes de organizaciones criminales. Lavado de efectivo y fraude bancario son otras de las manchas en su expediente a juzgar.
Hay otro dardo que apunta a la diana sobre el cuerpo del exmandatario: su presunta complicidad en el asesinato del excandidato priista a gobernador, Rodolfo Torre Cantú, ultimado por un convoy de sicarios en Ciudad Victoria el 28 de junio de 2012.
El pasado 21 de noviembre, una corte de Brownsville, Texas, emitió una nueva orden de aprehensión contra el extitular del Ejecutivo tamaulipeco.
OTRO FAVORITO
El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, es otro de los favoritos de la prensa internacional. Un factor que influye en esta preferencia es su calidad de expresidente del Revolucionario Institucional.
El proceso en su contra echó raíces en una corte federal de Estados Unidos y derivó en un breve paso por una celda en España.
La investigación es por malversación de fondos, lavado de dinero y corrupción durante sus años (2005-2011) como mandatario.
El cautiverio en suelo europeo se debió a que la justicia española detectó una transferencia de fondos de dudosa procedencia en sus haberes.
Luego de la liberación y el retorno a México de Moreira, las críticas siguieron. Una decisión del PRI exacerbó a los detractores. El polémico político fue nombrado, a finales de noviembre, consejero nacional del partido.
La designación reavivó las voces que lo señalan como un desfalcador sin precedentes.
La respuesta del nuevo consejero fue emitir un comunicado en el que recordaba a propios y extraños que su actuación al frente del Estado ha sido reiteradamente analizada e investigada hasta la saciedad sin que haya quedado un solo resquicio por indagar, [...] mi actuación ha sido legal, transparente y honesta.
En septiembre pasado, una denuncia de origen blanquiazul exigió a la PGR (uno de sus promotores fue Luis Fernando Salazar Fernández) investigar un presunto desvío de recursos públicos en Coahuila, en la vertiente de contratos millonarios asignados a empresas fantasma.
Pero el consejero no es el único Moreira al que alguna autoridad da seguimiento. Su hermano y todavía gobernador, Rubén, fue mencionado por un testigo de un juicio en San Antonio, Texas, contra Marciano Millán Vázquez, exmiembro de Los Zetas.
Según el testimonio vertido en la corte estadounidense, en 2012 el cártel le mandó al entonces candidato una Suburban cargada con dinero en efectivo. El gobierno de Coahuila reviró calificando como "inverosímil" el relato del testigo.
LA DERROTA COMO PECADO
Un perseguido más tiene por nombre Rodrigo Medina de la Cruz, exgobernador de Nuevo León. Sobre su figura se interpusieron denuncias por ejercicio indebido de funciones, peculado y daño patrimonial.
Sin embargo, sólo se concedió juicio por la primera causa y el exmandatario enfrentará los embates de la fiscalía en libertad.
La autoridad estatal solicitó extender el plazo para reunir pruebas y armar su caso hasta el próximo 26 de enero. El presunto delito a reparar es el presunto desvío de más de tres mil millones de pesos para entregarlos a la empresa automotriz Kia. Esta acción fue aceptada por un tribunal como un exceso del gobernador.
Así termina este breve recuento, que no la historia, de los exvirreyes que han enfrentado, enfrentan o enfrentarán juicios en su contra.
Los hay priistas, panistas y perredistas. Las lecturas para explicar sus apuros con la ley pasan por el “mal tino político”, el escaso decoro con el que actuaron y la injerencia estadounidense en sus vidas.
Para varios, no obstante, el único pecado que cometieron, según un buen número de analistas, fue perder las elecciones en sus respectivas entidades. Lo que derivó en la alternancia que hace de ajusticiar al antecesor una prioridad.
Aquí finaliza este sumario, pero las andanzas de los exgobernadores aún darán mucho de qué hablar con las denuncias que se acumulen en las próximas semanas, en los próximos días, en las próximas horas, en el siguiente minuto...
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