Este jueves el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que la adecuada implementación del nuevo modelo de justicia penal, que surge con la reforma constitucional de 2008, permitirá despresurizar el sistema de impartición de justicia en el país para enfocar mayores recursos en perseguir y castigar a quienes más lastiman a nuestra sociedad.
Hace unos minutos, indicó que para que las entidades federativas puedan aplicar cabalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya avalado por el Congreso de la Unión, se requiere además la pronta aprobación de la ley sobre mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales.
Al inaugurar hoy la 31 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, dijo que el gobierno de la República está decidido a apoyar a todas las entidades federativas para lograr la implementación total del nuevo Sistema de Justicia Penal en el plazo constitucional establecido.
"El gobierno de la República seguirá respaldando a las entidades que aún se encuentran en proceso de instrumentación a fin de que puedan adoptar los mejores modelos de capacitación, gestión y operación", puntualizó.
Subrayó que gracias al cúmulo de experiencias y al intercambio institucional que ha promovido la Conferencia de Procuración de Justicia, incluso, las entidades que hoy presentan un avance mínimo, están en posibilidades de cumplir con el plazo constitucional.
Enfatizó que hoy se cuenta con un plan estratégico de implementación y una firme voluntad política que se ve reflejada en el presupuesto, para asegurar que en 2016 los beneficios de la Reforma Penal sean una realidad al alcance de todos los mexicanos.
"Gracias. Aquí debo decirlo, que al respaldo de los señores Legisladores, en el periodo 2013-2014 se están destinando más de siete mil millones de pesos para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
"Esta cifra es prácticamente cuatro veces lo invertido previamente en esta materia, en este reto y en este objetivo. Lo hemos hecho así para asegurarnos de que en 2016, este sistema opera en todo el territorio nacional", comentó.
El presidente Peña Nieto sostuvo que transformar el sistema tradicional penal es el reto más grande, de los últimos 100 años de actividad jurídica en nuestro país.
Aseveró que para superar este reto es necesario romper inercias, tener una mente abierta al cambio y, sobretodo dijo, concretar en el plazo constitucional, establecido, que se agita en 2016, los cambios legales e institucionales que se requieren.
"No hay modificación de fondo a una legislación que sea fácil de implementar, porque el cambio en la ley también implica un cambio en la vida de las instituciones y de las personas" acotó.
Peña Nieto enfatizó que para que esta reforma se sienta en la cotidianidad de los mexicanos más allá de contar con nueva infraestructura se requiere de una nueva mística de servicio en las instituciones de justicia federal y estatales.
Indicó que este nuevo modelo exige mayor profesionalismo e integridad de policías, peritos, defensores y Ministerios Públicos así como de jueces y abogados.
En este marco, el Presidente reconoció el trabajo de la PGR, de las fiscalías y procuradurías estatales para transformarse las instituciones que encabezan.
Dijo que para contribuir al objetivo de concretar un nuevo modelo penal una de sus primeras decisiones al frente del Ejecutivo fue impulsar una legislación procesal penal única, válida para todo el territorio nacional.
Señaló que gracias al Poder Legislativo el Código Nacional de Procedimientos Penales ya es una realidad y, en congruencia con la reforma de 2008, este incluye las normas y actos procesales que deberán darse en los juicios orales.
"Con ello se podrá acelerar la aplicación en todo el país del nuevo modelo acusatorio adversarial y oral para asegurar el derecho a una justicia", dijo.
Indicó que la reforma constitucional penal de 2008 marcó el inicio de una nueva etapa en la vida jurídica de nuestro país, pues se trata de un nuevo modelo penal adversarias y oral diseñado para hacer pleno el derecho a una justicia expedita, imparcial y transparente conforme lo manda la Constitución.
"Es un modelo que privilegia la calidad de la justicia y protege las garantías jurídicas de toda persona al ubicarlas en el centro del proceso penal", puntualizó.
