El contralor general del Instituto Nacional Electoral (INE), Gregorio Guerrero Pozas, asumió este miércoles el cargo por un nuevo periodo de seis años, tras ser ratificado por la Cámara de Diputados el pasado 14 de mayo.
En sesión extraordinaria el Consejo General tomó protesta al funcionario, al que los once consejeros dieron la bienvenida, de nuevo, pues su anterior periodo había concluido apenas el pasado 30 de abril.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció que “ha habido momentos de desencuentro públicos, ríspidos” entre el contralor y el extinto Instituto Federal Electoral (IFE), con quien –se recordó en el debate- ha habido diferencias en torno al fondo inmobiliario de la institución o la adquisición del inmueble de Acoxpa.
Pero Córdova consideró que ahora hay una nueva oportunidad “para construir relaciones fluidas, responsables y respetuosas de las competencias respectivas entre los órganos del Instituto y la Contraloría”.
En la sesión tomaron la palabra todos los consejeros y representantes de los partidos políticos ante el Consejo General y en una primera intervención, Córdova Vianello pidió a Guerrero Pozas actuar coordinadamente y sin condescendencias.
Confío en que el contralor “ejerciendo su mandato legal sin condescendencias y con pleno apego a la ley y respeto de los derechos de los servidores públicos del Instituto nos asistirá, nos acompañará en la consecución de la visión compartida que tenemos los consejeros electorales para que el INE le cueste menos a la sociedad” y sea más confiable y eficiente.
También mencionó que el acompañamiento del contralor para un nuevo periodo “se constituye como un aliado fundamental” para los cambios que realizará el INE al asumir nuevas atribuciones y en la aspiración a convertirse en un órgano modelo del Estado.
En la sesión, el consejero Benito Nacif planteó que la Contraloría debe también ejercer con responsabilidad sus propios recursos y someter a la ley sus procedimientos.
Sostuvo que a partir de que en 2008 la Contraloría adquirió autonomía duplicó su gasto de un año para otro, por lo que también debe eliminar duplicidades en su plantilla laboral y contener el aumento de su presupuesto.
Preocupa, dijo, el daño patrimonial por 5.8 millones de pesos que ha debido pagar el Instituto por reinstalaciones, restituciones y otro tipo de obligaciones ordenadas por tribunales administrativos, ante los que funcionarios sancionados han llevado sus casos, por lo que pidió respetar el debido proceso y perfeccionar resoluciones.
“Nadie debe estar por encima de la ley, especialmente quien tiene la atribución de vigilar su cumplimiento”, dijo el consejero.
