Colegios de Abogados y dirigentes de partidos políticos consideraron que la liberación de Esperanza Mayo Martínez, ex cajera de la Secretaría de Administración y Finanzas, se debió a que la Contraloría del actual gobierno estatal no fundamentó bien su denuncia y a que la Procuraduría General de la República (PGR) no integró bien el expediente.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado aclaró en un escueto mensaje de Twitter que "el caso de la C. Esperanza Mayo ha sido en todo momento de jurisdicción federal".
El miembro fundador y ex presidente del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes Ramos, dijo que hay una responsabilidad de la Secretaría de la Contraloría estatal por presentar elementos "deficientes" en la denuncia.
También señaló que la PGR pudo no haber integrado bien el expediente. Manifestó que la liberación de Mayo y los amparos que se le han otorgado al ex secretario de Administración y Finanzas, José Manuel Saíz Pineda, crean "incertidumbre" entre la población.
Reyes Ramos indicó que se ha "avanzado muy poco" en la aplicación de la ley a los granieristas, pues muchos ex funcionarios que incurrieron en irregularidades siguen prófugos.
Entre ellos están el ex secretario de Salud, Luis Felipe Graham Zapata, así como los ex titulares del Educación, Beatriz Luque Green, y Asentamientos y Obras Públicas (SAOP), Héctor López Peralta.
El presidente del Consejo Político Estatal (CPE) del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Octavio Romero Oropeza, dijo que la procuraduría debe aclarar el motivo de la liberación de la ex funcionaria. Indicó que en este caso alguien hizo mal su trabajo.
Por su parte, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Ávalos Ramón, expresó que pudo haber varios factores.
No descartó que la demanda presentada por la entonces titular de la Contraloría estatal, Martha Patricia Jiménez Oropeza, haya carecido de elementos contundentes. Coincidió en que la liberación genera incertidumbre.
Ante este caso y los amparos que ha obtenido Saiz Pineda, "al paso que vamos todos los ex funcionarios van a quedar libres antes de que culmine el sexenio", indicó Ávalos.
Mayo Martínez se convirtió en la primera ex funcionaria del gobierno de Andrés Granier Melo en salir de prisión.
En junio de 2013 fue detenida por elementos de la Policía Federal e ingresada al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), acusada del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en custodia, luego de haber sido demandada ante la PGR por la Secretaría de la Contraloría estatal.
La denuncia y posterior detención también se basó en declaraciones de una testigo, quien dijo que Mayo Martínez recibía el dinero de una empresa de valores, le quitaba los sellos bancarios a los paquetes y les ponía ligas para después depositarlos en una caja de huevo. Por las noches fajos de billetes eran sacados por el chofer de Saiz Pineda, para ser llevados al despacho contable "Jofesa" donde era recibido por Marlis Cupil Córdova, secretaria del tesorero.
Fue en una propiedad de la familia de Cupil Córdova donde se encontraron el año pasado 88.5 millones de pesos en efectivo, en Lomitas, Nacajuca.
Mayo Martínez abandonó la madrugada del martes el Creset, luego de que el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Circuito ordenara su liberación por falta de pruebas.
Mediante el oficio 426-IV el tribunal confirmó la sentencia del juicio de amparo 51/2013 a favor de la ex funcionaria.
El gobernador Arturo Núñez Jiménez ha dicho que el saqueo al estado en el sexenio de Granier Melo ascendió a más de 20 mil millones de pesos.
En el Creset permanecen Saiz Pineda, el ex director de Contabilidad Gubernamental Leoncio Lorenzo Gómez, y la ex encargada de Atención al Público de la Policía Estatal de Caminos (PEC), Rosa Melida López Villanueva.
Granier Melo está preso en un penal del Distrito Federal.
