Extraído subrepticiamente la semana pasada de su arraigo placentero en una de sus casas de descanso ubicada en Acapulco, la Procuraduría General de la República se prepara a consignar al presidente de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, por el delito de fraude financiero, cometido en agravio de Banamex
El pliego de consignación, aparentemente sin incluir a otros directivos de la compañía, alcanza a 11 ingenieros contratados por la empresa para realizar una corrida de supuestos adeudos de Pemex en aval de préstamos de factoraje por 585 millones de dólares, o si lo prefiere 6 mil 500 millones 127 mil pesos.
La conclusión, pues, hablaría de un caso entre particulares.
El problema es que bajo ese tamiz no se justifica el que la compañía haya sido intervenida por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dado que el ilícito no alcanzó a Petróleos Mexicanos, lo que lo habría clasificado en el fuero federal.
Y el problema, más allá, es que si lo que se pretendía era salvaguardar los intereses más que del banco del público que colocó sus ahorros en él, menos se justifica la resolución del juez del concurso mercantil en que se colocó a la firma, Felipe Consuelo Soto, al ordenarle a Pemex suspender los pagos de facturas pendientes a los acreedores.
El dinero debía llegar directamente a la empresa.
En el enredo, al parecer por una precipitación de la Procuraduría General de la República, el togado se colocó en el callejón en su obligación de preservar el mayor valor de la compañía.
Por lo pronto, en la madeja, los acreedores de Oceanografía están buscando un arbitraje internacional para deliberar si fue legal el romper convenios que garantizaban el pago de adeudos bajo la figura de un fideicomiso.
Por lo pronto, Yáñez Osuna contrató una batería de abogados para demostrar que la empresa no estaba quebrada. En calidad de mientras, está demandando a Petróleos Mexicanos por 200 millones de dólares en reparación de supuestos daños y perjuicios.
En la catarata, la decisión del juez Consuelo Soto, en un escenario en que Oceanografía no tenía recursos para pagar la nómina, descarriló la posibilidad de un arreglo de reestructura de las deudas de la empresa cuyo monto se calcula en mil 300 millones de dólares.
En la lista estaban los fondos que mantenían bonos de deuda expedidos por la empresa para la compra de barcos, entre ellos Moneda, Megeve, Ice Canyon, EIG Partners y Ashmor; el banco holandés Rabobank; el mexicano Banorte y Otto Candies Investment.
Desde otro ángulo, existe presión sobre el juez para que declare en quiebra la compañía, lo que le abriría la puerta a varios posibles compradores, entre ellos las empresas Oro Negro, Blue Marine, Transportación Marítima Mexicana…
De esa forma se podrían liberar a los activos de la empresa, entre ellos los equipos de futbol de primera y segunda división.
Lo cierto es que habiendo recibido Oceanografía durante los gobiernos panistas contratos por más de 40 mil millones de pesos, hete aquí que de los 28 barcos de primera línea de que presumía, solo media docena son realmente propios.
Los recursos que fluían en catarata se depositaban en cuentas del exterior o en lujos para su presidente, como sus casas de descanso, sus dos aviones y sus propiedades en Estados Unidos.
¿Se acuerda cuando el expresidente José López Portillo hablaba de empresas pobres y empresarios ricos?
Se diría que el escándalo de Banamex lo alcanzó a la empresa con los dedos en la puerta, tras ser inhabilitada por dos años para recibir contratos de su única alternativa de sobrevivencia: Petróleos Mexicanos.
Con su presidente en la cárcel, la encrucijada es salvar a la empresa vía un acuerdo de largo plazo con los acreedores; entregársela a éstos, o declararla en quiebra para rematar sus escasos activos.
Lo único seguro es que habrá pleito.
BALANCE GENERAL
Aunque Banamex había intentado cerrar el expediente de Oceanografía de cara al escándalo, con el anuncio del despido de 11 funcionarios y un propósito de enmienda al calce del boletín, su matriz, el Citigroup de Estados Unidos, presionado por una investigación de la Comisión de Valores de ese país, quiere más.
De entrada, el presidente ejecutivo de la intermediaria, Michael Corbet, quiere la consignación penal de los presuntos responsables, con la novedad de que no considera que la lista se haya agotado.
Ante la tibieza del banco encabezado por Javier Arruguinaga, el City filtró los nombres de los funcionarios inodados en el caso que le representó a su filial en México un quebranto de 400 millones de dólares que ya se colocó en fondo perdido.
El directivo estuvo una semana en México para colocarle los puntos a las íes.
La paradoja del caso es que el banco había centrado las culpas en un funcionario de una de sus sucursales en Tabasco, Érick Cervantes Murillo, a quien se acusó no sólo de palomear las solicitudes de factoraje de Oceanografía, sino de extraer ilegalmente documentos comprometedores.
MINERAS A PERÚ
¿Se acuerda de la declaración del enigmático empresario minero Germán Larrea Mota Velasco, reputado como el rey del cobre, a la vera de la aprobación de un impuesto especial a la actividad extractiva, de revisar sus inversiones en el país?
Bueno, pues, del dicho al hecho el presidente del grupo minero México está enfocando sus proyectos a Perú, donde se ubica la principal subsidiaria del empresario, Southern Cooper.
Larrea está iniciando la explotación de una mina de cobre en Tacna.
En la ruta también el grupo Peñoles de Alberto Bailleres está volteando los ojos hacia el país sudamericano, arriesgando una inversión de mil 300 millones de dólares.
FRENAN A HOMEX
Quien está provocando problemas frente a la posibilidad de que la promotora de vivienda Homex consolide un acuerdo previo con sus acreedores para salir del concurso mercantil a que se acogió voluntariamente, es el Banco Base que encabeza Lorenzo Barrera.
La intermediaria con sede en Monterrey, a contrapelo de la colocación de los activos de la firma en la masa crítica del procedimiento, ha logrado que algunos jueces de la capital de Nuevo León le concedan resoluciones para adjudicarse reservas territoriales que se le habían dejado en prenda.
La empresa de Eustaquio De Nicolás le debe 195 millones de pesos.
La intermediaria había convenido con el resto de los acreedores bancarios esperar a que se dirima el concurso mercantil para canjear débitos por acciones de Homex.
LALA AL IPC
Quien está por ingresar al selecto grupo de emisoras que integran el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, es el Grupo Lala que encabeza Eduardo Tricio.
La empresa ha incrementado su bursatilidad en el piso de remates ante un crecimiento espectacular en la venta de sus bebidas a base de leche, tras la implantación de un impuesto especial para las aguas carbonatadas o refrescos.
De acuerdo a una encuesta reciente, Lala es una de las marcas más arraigadas en el gusto popular, con Coca Cola y Bimbo.
UN AÑO, LA DIFERENCIA
Ubicado como el más viable sucesor del desaparecido Lorenzo Zambrano en la presidencia en Cementos Mexicanos, la posibilidad de Francisco Garza Zambrano se diluyó por ser un año mayor que quien resultó ungido, Rogelio Zambrano Lozada, por más que éste tiene mayor tenencia accionaria.
El primero tiene 58; el segundo 57.
