Pasados los cuatro meses y medio de la administración de Miguel Riquelme, ya comienzan a sonar los nombres de las cabezas que rodarán porque no han dado el ancho, o bien, porque han metido en aprietos al alcalde. Nuestros subagentes disfrazados de vendedores ambulantes nos informan que uno de los primeros marineros que serán arrojados de la nave es Gabriel Calvillo, director de Desarrollo Urbano. Las malas lenguas dicen que muy poco o nada ha aprendido en todos los cargos que ha ocupado, ya que hasta ahora no ha logrado avanzar en la intención de meter orden el crecimiento urbano de Torreón, en donde todos construyen como les pega la gana.
Prueba de ello son los casos de las colonias enclaustradas, las quejas por la instalación de antenas de telefonía celular y la apertura de negocios en zonas residenciales, mal que data desde hace varios años. Dicen los aficionados a la red social del pajarito azul que a don Gabriel ya le andan armando una campaña para darle un empujoncito hacia afuera de la administración, ya que se le acusa de condicionar la entrega permisos a negocios a cambio de que sean contratadas ciertas constructoras “amigas” (¡qué raro!). Otros de los cambios muy sonados, ya sea porque es verdad o por lo que quieren sus detractores -vaya usted a saber con tanto alboroto que hacen los cultureros no es posible distinguir el ruido de la música-, es el Instituto de Cultura, ya que a su directora le ha faltado mano izquierda, aunque a su favor, dicen, le echa muchas ganas. El hecho es que ha tenido serias dificultades para lidiar con la grilla y, en vez de contribuir a calmar las aguas, se ha encargado de despertar cada vez más críticos y criticones al embestir los capotes que le ponen. Y los agoreros de las calamidades cuchichean que don Miguel prefiere guardar sana distancia para que no le salpiquen las broncas. En caso de darse estos cambios, nuestros subagentes nos dicen que sería después de las elecciones de julio, para no levantar polvo desde ahora y dejar que el proceso siga su curso sin demasiados sobresaltos. Habrá que ver.
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Por lo visto, las atípicas bajas temperaturas registradas en estos días no han impedido que la sede del ayuntamiento de Torreón se siga calentando... literalmente pero, sobre todo, metafóricamente. Y es que, según nos cuentan nuestros subagentes disfrazados de copiadoras atoradas, un fuerte problema legal y financiero está por estallar en el máximo horno de La Laguna. Comentan que la bomba de tiempo se activó como resultado de una auditoría iniciada por la administración de Miguel Riquelme en enero en la oficina de la Ventanilla Universal. La revisión ya terminó y dicen los que saben que los resultados preliminares no son nada buenos, así que se espera que chispas y metralla salten por doquier. Se habla de graves actos de corrupción y tráfico de influencias en los que habrían participado exfuncionarios y empleados de confianza que repartían licencias mercantiles como si fueran barajitas, desde luego, a cambio de jugosas “propinas”. Luego de que se conozca la magnitud de los hechos, lo interesante será ver si el jefazo Miguel Riquelme asume la misma actitud “combativa” que adopta con sus críticos, y decide agarrar al toro por los cuernos para fincar responsabilidades o, por el contrario, se convierte en el tapador oficial de baches dejados por la administración de Eduardo Olmos, en la que se autorizaron cientos de licencias mercantiles plagadas de irregularidades. En caso de decantarse por esto último, los maldicientes comentan que entonces tendría sentido la campaña iniciada por el gobierno de Coahuila en la que se advierte: “¡ahí viene el bacheador!”
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A propósito del ayuntamiento anterior, buena la supo hacer el cabildo pasado en eso de sacarse de la manga un reglamento para gasolineras y demás estaciones de servicio de robo legalizado a mediados del año pasado, último de don Lalo. Resulta que al ponerle “candados” como el que hubiera una distancia mínima de dos kilómetros entre una y otra, se dificultaba que nuevas franquicias se establecieran y le hicieran la competencia a las ya instaladas. Los crédulos del discurso de lo políticamente correcto pensarán que la medida es buena ya que en esta ciudad hay más gasolineras que iglesias, escuelas y cantinas... juntas. No obstante, los conocedores del negociazo de las gasolineras tienen la sospecha que dicho candado se aplicó para favorecer a algunos de los grupos más fuertes y proteger sus jugosas ganancias contra la expansión de nuevas franquicias. Hasta ahora se desconoce cuántas licencias para estaciones de servicio fueron vendidas por la anterior administración antes de la entrada en vigor del reglamento en cuestión y a quiénes se beneficiaron directamente. Los exploradores de los entresijos de la cosa pública comentan que esta misma estrategia se utilizó en la autorización masiva de anuncios -perdón, puentes peatonales- que no tardan mucho en “aparecer” por ahí, concesionados a 20 añitos. Seguro que no habrá sorpresas.
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A quien resulta cada vez más difícil encontrar es al comisionado estatal de Prevención Social del Delito, Sergio Sisbeles, quien tiene varias ollas en la lumbre y algunas ya empiezan a oler a quemado. En primer lugar, don Sergio se ha rehusado en numerosas ocasiones a ofrecer la información de lo que el gobierno de Coahuila ejerció del que es uno de los programas estrella del preciso Enrique Peña Nieto, a saber, el de Prevención de la Violencia. Y en el Palacio Rosa de la peronera capital todos fingen ser como el Monje Loco -aunque algunos más locos que monjes- al repetir que nadie sabe y nadie supo que pasó con esos casi 90 millones de pesillos. Pero mientras aparece Sisbeles con las explicaciones, el dinero para ejercer en 2014 no ha llegado y cuando se le busca al funcionario, sus asistentes sólo dicen que anda en México “arreglando unos asuntos”. Y como no hay dinero, tampoco hay proyectos que realizar y supervisar, por lo que surge el cuestionamiento de qué es lo que está haciendo uno de los principales becarios de la administración riquelmista, es decir, el director de Prevención del Delito, José Elías Gánem. Tal vez, como desde los tiempos de Luis Echeverría, administrar la escasez.
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Más allá de lo perdidas que se encuentran las autoridades de Durango respecto al caso del supuesto violador serial que ha sembrado el terror en varias colonias de Gómez Palacio, en los pasillos de las instituciones relacionadas con el tema comienza a circular una especie inquietante. Se dice que por la forma de cometer los abusos y por las características plasmadas en el retrato hablado, podría tratarse de un militar o de alguien que abandonó a la institución castrense recientemente. Respecto al modus operandi, los más avezados comentan que el malhechor ha cambiado su forma de proceder para confundir a la ya de por sí confundida Vicefiscalía. En caso de que en verdad se trate de un soldado, el asunto se tornaría más espinoso para la corporación que encabeza la fiscal Sonia Yadira de la Garza, debido a que las labores de seguridad en La Laguna de Durango dependen desde el año pasado de una policía militarizada conformada por elementos de la Sedena, a resultas de la, digamos, falta de capacidad de los ayuntamientos de Gómez Palacio y Lerdo para integrar sus propias corporaciones. Las relaciones entre el Ejército y el gobierno de Jorge Herrera, que se ha colgado de aquél hasta el cansancio, podrían verse afectadas en el hipotético caso de que el criminal, presumiblemente militar, fuera capturado. De cualquier forma, las probabilidades de que esto último ocurra son muy pocas, algo así como una en un millón. Mientras tanto, la pregunta que los Sherlock Holmes región 4 se hacen no es si el violador volverá a atacar, sino ¿cuándo y dónde?
