Dicen los legisladores que el IFE será transformado en INE no por las malas razones, sino justo para aprovechar su fortaleza y experiencia, ahora que se le darán más atribuciones. Pero el IFE tuvo sus altas y bajas, sus momentos estrella y sus tropiezos. Nació como consecuencia del fraude de 1988. Sin embargo, el nuevo IFE, estrenado en 1991, no representó un paso decisivo a la competitividad electoral; tenía aún elementos meramente cosméticos. Por ejemplo, el grueso de su aparato provino de la entonces desaparecida Comisión Federal Electoral.
Por otro lado, todavía se incorporaban representantes partidarios en número proporcional a su votación, con derecho a voto, lo que dejaba las decisiones en el PRI- gobierno. Y si bien se incorporaba la figura de consejeros autónomos de los partidos (magistrados ciudadanos), eran propuestos por el Presidente de la República y debían ser ratificados por dos terceras partes de la Cámara Baja. De los seis magistrados, cuatro tenían vínculos muy claros con el PRI. De este arreglo quedó fuera el PRD, pues no le parecía que el nuevo IFE fuera en verdad autónomo.
Tan era así, que en las complicadas condiciones políticas de 1994 fueron desplazados los magistrados ciudadanos (que llevaban menos de la mitad de su mandato) inaugurando la mala costumbre de no respetar la inmovilidad de los consejeros. Los tres partidos mayores propusieron a dos consejeros ciudadanos cada uno, lo que por lo menos rompió con otra regla no escrita y claramente antidemocrática: que los cargos se reparten a partir de la fuerza electoral de cada partido. Además, desapareció el voto de los delegados de partidos y del Poder Legislativo, lo que en automático quitó la mayoría al binomio PRI-gobierno. El de 1994 fue un cambio importante sin duda, si bien todavía lo presidía el secretario de Gobernación.
El mayor cambio vino en 1996, donde la separación respecto del gobierno fue total, presidiendo ahora el IFE un ciudadano, y los consejeros electorales -si bien la mayoría vinculados a los partidos políticos- mantuvieron cierto equilibrio entre los tres grandes partidos. En ese momento se cruza el umbral de la competitividad electoral, cuando el partido oficial no puede ya revertir resultados adversos, lo que es considerado como un punto clave de las transiciones democráticas.
Pero al terminar su periodo ese consejo vino un gran traspié, en 2003. El PRI y el PAN decidieron dejar fuera al PRD en la conformación del nuevo consejo general, con lo que se volvió a perder el consenso partidario. Además, se regresó al principio antidemocrático de proporcionalidad de consejeros de acuerdo a la votación previa. En 2006, además, el IFE no jugó como debía, y en lugar de abrir tantos paquetes electorales como la ley lo permitiera (64 %) adoptó por un criterio restrictivo que apoyaba la estrategia del PAN, abriendo apenas 3.5 % de la paquetería electoral. Eso, sumado al hecho de que no había ningún consejero propuesto por el PRD, generó un gran golpe de credibilidad al instituto.
En 2008 se volvió a tocar el principio de inmovilidad de los consejeros y se adelantó un recambio, para finalmente incorporar al PRD, con lo que se buscó enmendar el grave error cometido en 2003. Pero en adelante, quedó claro que la fórmula en la selección de consejeros se había agotado, cuando en 2011 se dejó pasar más de un año para nombrar a tres vacantes. El proceso de nombramiento, en esta ocasión, pasó por el filtro de un Comité Técnico de Evaluación, lo que en principio es un avance de depuración, pero queda todavía la gran probabilidad de que prevalezcan las cuotas por partido a partir de su votación en los últimos comicios. El enojo del PAN por sentir que las quintillas entregadas por el Comité Técnico de Evaluación lo ponen en desventaja, revela con claridad que los partidos siguen impulsando a sus afines por cuotas, más que buscar la auténtica imparcialidad de los consejeros.
Profesor del CIDE
