Reunión. Encuentro de los miembros de la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema (Setec).
La aplicación del nuevo sistema penal en el país no prospera.
La Secretaría de Gobernación elaboró una nueva metodología de clasificación y estratificación del avance de la reforma constitucional y las entidades no salieron bien libradas.
Sólo ocho estados tuvieron un puntaje de cinco o más, en una escala de cero al 10.
El mejor clasificado fue Chihuahua, con 7.4, y los peores fueron Jalisco y el Distrito Federal, con puntajes de 0.5 y 1.3, respectivamente.
En la anterior metodología, a las entidades se les ubicaba en una de cuatro etapas de avance: inicial, planeación, en vigencia y en operación (parcial o total).
Ahora, la Segob les da un valor numérico del 0 al 10 y las clasifica dentro de siete niveles: mínimo (N1), bajo (N2), medio bajo (N3), medio (N4), medio alto (5), alto (6) y óptimo (7).
El grueso de las entidades (12) se encuentra en el nivel bajo, que va del 1.5 al 2.9 en la escala de valor, lo que refleja el rezago en la instauración del nuevo sistema penal.
En ese nivel están Colima, Sonora, Nayarit, Baja California Sur, Guerrero, Campeche, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco, entre otras.
En el nivel alto sólo está Chihuahua; mientras que en el medio alto se ubican Nuevo León, con 7.1 y Morelos, con 6.8.
Ninguna entidad ha llegado al nivel óptimo, a pesar de que la reforma se aprobó desde julio de 2008 y dio hasta 2016 para que el modelo de juicios orales opere en todo el país.
El informe aclara que la evaluación y el diagnóstico se realizan de manera "presencial y conjunta" entre la Secretaría de Gobernación y las instituciones operadoras de los estados.
"Los operadores y las entidades pueden tomar decisiones con base en evidencia. Las entidades pueden tener una visión adecuada de sus progresos según superan los niveles de avance", señala.
El reporte, elaborado por la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema (Setec), revela que en 2013 se realizaron casi 400 visitas a los estados.
La semana pasada, el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el proceso de transición al modelo acusatorio-oral ha sido lento y obstaculizado.
Como peticionaria, la organización sostuvo que la consolidación de la reforma requiere no sólo cambios normativos y operativos, sino también del compromiso de todas las instituciones y niveles de gobierno.
"Si no existe voluntad de los actores políticos y de los operadores de justicia, se corre el riesgo de que esta serie de reformas no se implementen de manera correcta, vulnerando los derechos humanos", advirtió.
Invertirán 61 mmdp
Alrededor de 61 mil millones de pesos es lo que el Estado deber invertir para terminar de implementar la reforma penal en 2016.
Así lo estimó María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia (Setec).
"Es una estimación presupuestal 2014-2016 para hacer realidad el sistema acusatorio", expresó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de una audiencia sobre los desafíos de la justicia penal en México.
Destacó que en la presente Administración se ha incrementado 280 por ciento el financiamiento para la instauración del modelo de juicios orales, en comparación con todo el sexenio anterior.
Informó que tan sólo este 2014, el Gobierno federal destinará más de 6 mil 800 millones de pesos de tres bolsas presupuestales: subsidio de la Setec, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y Fondo de Infraestructura.
