Reunión. Imagen de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).
En la ruta para transformarse en el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), el IFE registró en 2013 debilidades de control financiero y normativas, señala un informe de la contraloría interna.
Detalla que en su último año de operación, el organismo electoral reportó erogaciones en el rubro de servicios personales sin acreditar y múltiples irregularidades en la ejecución de obras, por lo que la contraloría inició procedimientos administrativos por diversas inconsistencias.
La contraloría encabezada por Gregorio Guerrero detectó exceso de plazas presupuestales que no corresponden a las necesidades reales, lo que ha generado aumento de gasto.
"Se requiere una estrategia de atención a las deficiencias de control detectadas por diferentes entidades fiscalizadoras, algunas de estas deficiencias son sustantivas persistiendo a la fecha el riesgo de incorrección material de los estados financieros", indica.
Además de carecer de un modelo de planeación y gestión de resultados, añade que está inconcluso el proceso de conciliación, depuración e integración de documentación de respaldo sobre bienes muebles e inmuebles. Precisa que el programa infraestructura inmobiliaria 2011-2015 reporta desfases significativos en los proyectos inicialmente autorizados.
El Informe, que será discutido en la sesión del Consejo General, agrega que persiste la falta de compatibilidad de perfiles en más de 20 por ciento del personal administrativo de oficinas centrales.
La contraloría acusa que la Dirección Ejecutiva de Administración no entregó información para identificar riesgos. Al cierre del ejercicio 2013, el IFE registraba gasto no ejercido por 706 millones 858 mil pesos, de los cuales sólo reintegró 189 millones a la Tesorería de la Federación. Desglosa que en diversas auditorías hizo 66 observaciones por un monto de 48.8 millones de pesos, relacionadas con erogaciones para adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios, sin comprobar la existencia de la documentación justificativa y de control.
Enumera seis observaciones derivadas de la falta de reintegro de recursos no ejercidos, así como de cálculos inexactos en los recursos a devolver a la Tesorería de la Federación.
