Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) entregados por la Federación a los estados fueron desviados, malgastados o no comprobados por las entidades. Sinaloa fue la única excepción.
Lo anterior deriva de una revisión a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la forma en que las entidades, incluidas Durango y Coahuila, ejercieron los fondos federales del FASP durante 2012.
El órgano fiscalizador levantó 142 pliegos por encontrar daños probables al erario federal que sumaron 807 millones de pesos por recursos desviados, malgastados o no comprobados.
Más allá del gasto irregular, se determinaron en ese año otros dos mil 27 millones de pesos que falta aclarar y justificar, pues las entidades no pudieron demostrar que ejercieron los recursos o que los reintegraron a la Tesorería de la Federación.
Dicha cantidad equivale al 27.5 por ciento de los siete mil 373 millones de pesos canalizados por la Secretaría de Hacienda al Fondo en 2012, cuya revisión hizo la ASF en 2013.
Ni uno solo de los dictámenes fue "limpio", pues once entidades tuvieron resultado "negativo", y las 21 restantes fueron calificadas "con salvedades".
Veracruz fue señalada por enviar a otras cuentas 247 millones de pesos, que fueron reintegrados meses después a la cuenta del FASP, y no se ejercieron para los fines del fondo.
Quintana Roo, que sólo ejerció 44 por ciento del dinero asignado, fue otro de los casos graves.
La Secretaría de Hacienda estatal transfirió 65.8 millones de pesos del FASP a una cuenta de la que dicha dependencia es beneficiaria, lo que según la ASF provocó daño al erario federal.
Por esta y otras irregularidades, se pidió iniciar 12 procedimientos de responsabilidad administrativa contra funcionarios estatales.
Sonora incurrió en una conducta similar, al transferir 52.3 millones de pesos a cuentas bancarias del Gobierno estatal que no tienen qué ver con el FASP.
