Legisladores federales de diferentes partidos políticos exigieron ayer que se finquen responsabilidades administrativas y penales contra los exfuncionarios del sexenio pasado que afirmaron la muerte de Nazario Moreno, el "Chayo", jefe fundador del cártel de la Familia Michoacana, antecedente de los Caballeros Templarios.
Incluso, el fuego contra el gabinete de seguridad del expresidente Felipe Calderón también vino de su propio partido. El coordinador de la fracción del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, calificó de "ridícula" la actuación del gobierno pasado en el caso de Nazario Moreno, quien fue declarado muerto en diciembre de 2010.
Luego de que el domingo 9 de marzo pasado fuerzas federales abatieran al presunto delincuente en Tumbiscatío, Michoacán, los legisladores lamentaron la versión de su falsa muerte hace poco más de tres años dada a conocer por el entonces vocero de la Presidencia de la República, Alejandro Poiré.
El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad, se pronunció por que la administración del presidente Enrique Peña Nieto no deje sin castigo esta omisión del sexenio pasado.
"Si hubo dolo para ocultar o mal informar, hay delito que perseguir, seguramente si hay delito que perseguir la autoridad competente -en los próximos días- tendrá que hacer la investigación y decirle a los mexicanos si esto fue así", dijo Fayad.
A su vez, el senador Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó errores de inteligencia y negligencia en el procesamiento de la información en materia de seguridad en el sexenio de Calderón.
"Es una vergüenza que el Gobierno federal de entonces invente resultados cuando no solamente no son efectivos, sino que permitió seguir operando de manera regular a uno de los grupos criminales más poderosos de Michoacán y en el país", dijo Encinas.
Por su parte, Alfredo Castillo, comisionado federal en Michoacán, declaró que el "Chayo", cuya muerte fue confirmada ayer "al cien por ciento" por la PGR, utilizó la noticia de su presunta muerte para seguir operando en Michoacán.
Respecto al reporte falso de 2010 sobre el fallecimiento, el también exsecretario de Gobernación, Alejandro Poiré, reconoció que los datos disponibles por la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional no fueron "lo suficientemente precisos".
