El Gobierno de la República va contra los funcionarios que ayudaron a escapar a Joaquín "El Chapo" Guzmán del penal de Puente Grande, Jalisco, en 2001, así como contra los mandos y policías de Culiacán que trabajaban para el capo.
Por este motivo, mandos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, Sinaloa, están en la mira de las autoridades federales.
Los investigan por su presunta protección y colaboración con Joaquín Guzmán Loera y su grupo criminal.
Según testimonios de algunos detenidos, durante los operativos de las últimas semanas, los colaboradores del "Chapo" fueron alertados sobre los movimientos que realizaba el personal de la Marina.
Incluso, durante los operativos, la Armada decomisó la patrulla de la Policía Municipal número 1921 que era operada por gente del capo y con equipo de radiocomunicación conectado a la señal policiaca.
Desde hace algunos meses, la PGR tenía indicios de que agentes locales y estatales estaban al servicio del cártel de Sinaloa.
Además, tiene ubicados a varios comandantes de la Policía de Culiacán que cobraban en la nómina del "Chapo", quienes, a su vez, realizaban pagos por protección a sus agentes.
En diciembre pasado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que la mitad de los mil 300 elementos de la Policía de Culiacán resultaron "no aptos" para desempeñar sus funciones. Sin embargo, siguen operando.
Por otra parte, el vocero de Gobernación, Eduardo Sánchez, declaró que "es un reto que van a asumir con mucha voluntad". Señaló que "quienes ayudaron a este criminal han tenido tiempo para borrar las evidencias, para esconderse".
Para cumplir con este cometido, se hará uso de "tecnología y acuerdos internacionales", así como de todos los recursos que estén al alcance con el objetivo de hacer cumplir la ley a todos los individuos que lo ayudaron a salir de la cárcel y a mantenerse libre durante estos trece años.
"Sus cómplices y él trabajaron para que la verdad no se sepa, nosotros lo vamos a hacer a partir de esta aprehensión, a partir de otras aprehensiones", aseguró.
Sánchez desconoció si en sexenios pasados el Gobierno mexicano permitió al cártel de Sinaloa realizar acciones ilícitas a cambio de su ayuda para acabar con otras organizaciones delictivas, pero apuntó que "las leyes mexicanas de ninguna manera permiten que el Gobierno se vuelva un cómplice de algún criminal" y, de darse la situación, "obligan a presentar frente a un juez a la persona que esté en ese caso", dijo.
