Luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el arraigo en los estados, no queda claro cómo impactará esta decisión a entidades como el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, que siguen contemplando el arraigo, pero es un hecho que crecerá la promoción de amparos en contra de esta medida.
El problema para el litigio contra los arraigos es que no duran lo suficiente para tramitar el juicio de amparo en su contra, pero ante el criterio de la mayoría de ministros de la Corte, los jueces federales podrían empezar a conceder suspensiones para levantar los arraigos implementados por autoridades estatales, o en su defecto para limitarlos severamente.
El punto de controversia fue el artículo Décimo Primero Transitorio de la reforma Constitucional de 2008, que señala: "En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de 40 días".
Para la mayoría, no se puede interpretar este transitorio en el sentido de que los Estados pueden seguir aplicando arraigos.
"De la redacción de este numeral no se puede desprender de ninguna manera una habilitación legislativa para que las entidades lo introduzcan en su legislación penal, pues ello sería contrario al fin y objeto de la reforma constitucional, haciéndolo incongruente con ésta", afirmó Olga Sánchez Cordero.
En la minoría, Fernando Franco recordó a sus colegas que, en la exposición de motivos de la reforma de 2008, claramente se mencionó que el transitorio se introdujo para no privar repentinamente a Federación y Estados de una herramienta que habían utilizado por años. La Corte resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, que sólo requerirán seis votos.
