Salud para víctimas. Legisladores de izquierda proponen en el congreso pagar servicios de salud a víctimas del crimen.
Legisladores de izquierda presentaron una iniciativa que busca que las víctimas de delitos de secuestro, robo, delincuencia organizada o violación, queden exentas del pago de servicios médicos cuando sean atendidas en instituciones públicas de salud.
El diputado Samperio Montaño de Movimiento Ciudadano busca modificaciones al artículo 36 de la Ley General de Salud, y propone que de ser atendida una urgencia en el sector privado, la Secretaría de Salud debe absorber íntegramente los costos de hospitalización, atención médica, estudios de diagnóstico y medicamentos a las víctimas de los mismos ilícitos.
Advierte que paralelamente a los índices de criminalidad, están los efectos colaterales de víctimas de la inseguridad pública que, aunque lograron salvar sus vidas, resintieron grave menoscabo en su salud. "Son quienes han sufrido lesiones por armas de fuego o punzocortantes a consecuencia de los delitos de robo, secuestro, delincuencia organizada o el delito de violación", refiere el legislador de MC. Detalla que en el 90% de los casos, quienes han sufrido tales delitos son atendidos en instituciones del sector público, y los restantes en hospitales privados.
Cita una estadística del Comité Internacional de la Cruz Roja, la cual apunta que el 98 por ciento de las víctimas por arma de fuego necesita cuando menos una cirugía para recuperar su salud.
El diputado mexiquense agrega que el costo promedio por cirugía en México es de 20 mil pesos en el sector público, y de 50 mil en el privado. Cuando se comprometen órganos vitales, las cantidades pueden triplicarse, acota.
"Ese es el precio adicional que han tenido que pagar las víctimas de la inseguridad en nuestro país", subraya Samperio Montaño. El legislador hace hincapié en lo establecido en los artículos 21 y 2 de la Constitución Política y de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, respectivamente, en los cuales se señala como una función del Estado la seguridad pública, donde se debe velar por la integridad y derechos de las personas. "Acorde a estos preceptos, las consecuencias de la inseguridad pública deben ser también una responsabilidad del Estado. Sin embargo, las víctimas de los citados delitos se han tenido que responsabilizar de las consecuencias finales, pagando altas cuotas de recuperación por la atención médica, porque así lo dispone la Ley General de Salud", sostiene.
