El caso de Alejandra y Alejandro nos demuestra una vez más cómo los mexicanos debemos pagar altos impuestos sin recibir los servicios más básicos del gobierno, como seguridad, tratamiento médico en urgencias o justicia.
Alejandra del Río y Alejandro Barrera salieron de una clínica de embarazo en la colonia Anzures de la ciudad de México el pasado 16 de diciembre. Por primera vez la pareja había visto a su bebé en un ultrasonido. En un automóvil Mercedes conducido por un chofer hablaban acerca del nombre que le pondrían cuando fueron asaltados por dos sujetos en una motoneta en la calle Primero de Mayo de Tacubaya. Los delincuentes le quitaron a Alejandro un reloj Swatch de 2,400 pesos y otro Q&Q de 300 a 500 pesos al chofer. Les dispararon tras una maniobra del chofer.
La bala atravesó el bíceps de Alejandra y penetró en su tórax. En el mismo vehículo en el que iban llegaron al Hospital Escandón en la calle de Gaviota 27, pero el personal se negó a atender a la mujer porque no había ministerio público. "Estaban ahí parados los doctores y enfermeras, viéndome -recuerda Alejandro-, y luego nos cerraron la puerta." Se pidió una ambulancia, pero cuando ésta llegó Alejandra había muerto.
Tras el asalto y el homicidio, y la crueldad de un hospital que actúa sobre la base de una reglamentación que pone el papeleo burocrático por arriba de la vida de una persona, Alejandro tuvo que enfrentar la incompetencia y la venalidad de los funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
La "investigación" no ha sido más que un simple trámite burocrático mal hecho. Culpar a la víctima es siempre el recurso más fácil. Se insinuó que Alejandro era culpable de la agresión por tener un vehículo caro. Después se le investigó por supuestas contradicciones en sus declaraciones. Finalmente salió el verdadero propósito de estas actitudes y se le pidió dinero para "agilizar" las investigaciones.
Si bien había cámaras de seguridad en la zona, cuyas imágenes han aparecido en los medios, los videos ni siquiera se integraron a la averiguación. Si no se trata de un caso con impacto en medios o que afecte a algún político importante, la procuraduría no hace ningún esfuerzo por resolverlo.
La zona de Tacubaya donde ocurrió el ataque es conocida por su inseguridad. Cotidianamente recibo en mi programa de radio denuncias de robos realizados por jóvenes armados. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal no parece interesada en tomar medidas para acabar con estas bandas a pesar de la información de las cámaras de seguridad.
La regla de que debe haber un ministerio público en un centro de salud para dar atención a un herido de bala es éticamente inaceptable. Salvar la vida del herido debe ser la prioridad. Debería obligarse por ley a un hospital público o privado a tratar de urgencia a un herido sin importar que haya o no un MP. Un agente puede tardar horas en llegar.
Las averiguaciones deben dejar de ser un simple e inútil trámite burocrático, o una oportunidad para extorsionar a las víctimas, para convertirse en verdaderas investigaciones policiales que permitan detener a quienes han cometido delitos. La impunidad es el mejor incentivo del crimen.
El caso de Alejandra y Alejandro nos muestra una vez más que ese gobierno mexicano que cobra a quienes trabajan en la economía formal más impuestos que en otros países no cumple con los servicios más básicos que debe otorgar un Estado moderno: ni siquiera el fundamental de seguridad y justicia.
SOBREPESO
El experimento del maestro John Cisna de Colorado, que durante 90 días comió en McDonald's y bajó 16 kilos, manteniendo su ingesta en dos mil calorías diarias y caminando 45 minutos al día, demuestra que el problema del sobrepeso no viene de las hamburguesas o los refrescos sino de la falta de educación. Pero los políticos prefieren cobrar impuestos punitivos a alimentos "chatarra", como el pan dulce o los cereales de desayuno, porque quieren llenarse los bolsillos de dinero.
Twitter: @SergioSarmiento
