La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la grave situación de gobernabilidad y hacinamiento que prevalece en los penales del estado de Guerrero y urgió al gobierno de la entidad a atender esas irregularidades que por no atenderse ocasionó que 13 personas murieran al interior de los centros de readaptación.
La organización que encabeza Raúl Plascencia Villanueva, calificó con 4.54; 5.98 y 4.73 las condiciones que prevalecen en los penales de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, al asegurar que los reos desarrollaron acciones de autogobierno y existe un déficit de elementos de seguridad.
La CNDH informó que en esos lugares existe hacinamiento, deficiencias en la separación entre hombres y mujeres; carencias para mantener la salud de los internos y deficiencias de supervisión de funcionamiento de los centros por parte de los titulares.
Se suman también deficiencias en la prevención y acciones para atender incidentes violentos, escasez de elementos de seguridad, y la presencia de autogobierno en cada uno de dichos centros, entre otras.
El llamado que se le hizo al gobierno encabezado por Ángel Aguirre se hacer a partir de que se difundió el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, dado a conocer el pasado 19 de noviembre de 2013.
En el documento dirigido al gobernador, Aguirre Rivero, "da cuenta de las delicadas condiciones prevalecientes" en los centro regionales de reinserción social en Iguala, Chilpancingo de los Bravo y Acapulco de Juárez.
Señala que "la falta de atención por atender a la brevedad las irregularidades y deficiencias mencionadas, sin duda contribuyó a los lamentables acontecimientos del día 3 y 6 de enero y que han derivado en el fallecimiento de 13 personas y varios lesionados hasta el día de hoy".
La Comisión planteó que se constituyeron violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
"No hay que olvidar que la vida, la integridad y seguridad personal, la legalidad y la seguridad jurídica, así como la salud, la educación, la alimentación y el trabajo, entre otros, son derechos que no pierden las personas privadas de libertad, independientemente del tipo de infracción o delito que hayan cometido", dijo a través de un comunicado.
La CNDH exhortó al gobernador a "tomar medidas inmediatas para atender las graves deficiencias que se presentan en los centros penitenciarios de dicha entidad".
