El cambio de atmósfera no es irrelevante. En unos días, poco más de 100, el clima ha cambiado: la política se ha convertido en plataforma constructiva. Del atasco de la polarización, brincamos al consenso desbocado. Obsesión con el péndulo: del extremo de la ineficacia a la otra punta: la desaparición de límites, la ausencia de frenos. El acuerdo es avasallador. De pronto desaparecen los contrapesos, se borran las resistencias y empalaga la monotonía del aplauso. Las oposiciones se integran vergonzantemente a una coalición de gobierno. Alianza que a los liderazgos de cada partido "opositor" permite, sobre todo, marcar distancia con sus antiguos dueños, pero que no se asume a plenitud; con claridad y con razones. Ese es el dato central del nuevo gobierno, su principal logro: armar una amplia coalición reformista capaz de romper la muralla de los vetos.
El Congreso vuelve a ser un sello que ratifica una voluntad previa, un timbre que formaliza una decisión que viene de fuera. El Poder Legislativo fue el centro de gravedad de la política mexicana durante 15 años. Estrenó independencia y poder en 1997 y, hasta diciembre de 2012, fue el gran foro de la negociación nacional: resorte y tapón de las reformas. El núcleo de gravitación de la nueva política ya es otro. No está en las cámaras, ni en el gobierno sino en una mesa en la que aparecen muy bien representadas las jerarquías de los partidos. Los efectos de esta negociación pueden ser encomiables, pero no deja de ser inquietante el proceso de gestación.
En 1934, en un ensayo famoso, Jorge Cuesta advertía que el Plan Sexenal al que habría de sujetarse el gobierno de Cárdenas era prácticamente un Golpe de Estado porque anulaba la autoridad política de las cámaras. Planificación vertical que negaba a las asambleas de la deliberación constitucional. El Plan implicaba una desviación de la ruta institucional, una especie de Estado de Excepción que suprimía los conductos de la representación democrática. Cuesta no cuestionaba las políticas del Plan sino la política del Plan. Eso puede decirse hoy del Pacto por México: si sus frutos son valiosos, su filosofía es, por lo menos, preocupante. No habrá ilegalidad en el Pacto por México, pero se trata, sin duda, de la liquidación (esperemos que breve) del pluralismo democrático. El hartazgo no debe conducirnos a creer normal esta fusión que borra identidades partidistas y cancela las responsabilidades que corresponden a la oposición para mantener los equilibrios.
No quisiera ser ingenuo: los congresos ya no son-si es que algún día lo fueron- esos teatros de la deliberación ideal que permiten la victoria de la razón. El parlamento contemporáneo se rige por la cohesión de los partidos y son éstos los que, en realidad, hablan y deciden. El Pacto por México ha abierto un espacio para que los partidos lleguen a un acuerdo en la antesala del Congreso. El problema que advierto no es la negociación entre los partidos sino la dimisión de las oposiciones.
Por lo pronto, debe reconocerse que ese Pacto ha transformado ya el escenario de lo políticamente posible. No es poco. Modificar el cuerpo de lo posible es, quizá, una de las operaciones políticas más complejas. El nuevo gobierno lo ha logrado con asombrosa eficacia y rapidez. La política mexicana tenía frente a la nariz un muro de imposibles. A cada reforma indispensable correspondía un enemigo invencible. Hoy parece que a las reformas les ha llegado su palanca.
El Pacto por México ha tenido el buen juicio de concentrarse en dos ámbitos que llamaban a un acuerdo corpulento para encarar a los grandes poderes que han resistido el cambio. En educación y en telecomunicaciones se justifica ese vasto consenso de los partidos y el gobierno para reivindicar la rectoría estatal. Bien vistas las cosas, lo que ha logrado el gobierno desde esa plataforma es modificar las instituciones que gobiernan la educación y las telecomunicaciones para afirmar el interés general. No se trata de reformas sino, más bien, de prerreformas. En educación hay todavía un tramo largo y complejo para que el cambio constitucional llegue al salón de clase. Puede decirse que hay un nuevo régimen político de la educación -pero no que hay un nuevo sistema educativo. Algo paralelo podríamos decir en el sector de las telecomunicaciones: se pretende fortalecer el mando estatal, reforzar competencias, asignar nuevas responsabilidades. Prerreformas importantes, pero valiosas si se convierten, efectivamente, precursoras del cambio auténtico.
Las prerreformas del gobierno de Peña Nieto son plataformas muy meritorias. Vale reconocer su importancia, la determinación de encarar a los obstáculos tradicionales y la capacidad para ensamblar esa extravagante coalición reformista. Al mismo tiempo, debemos advertir el peligro del desvanecimiento opositor y la ausencia aún de reformas sustanciales.
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