Lo que más temor me dio ayer cuando los líderes políticos del país presentaron la reforma de las telecomunicaciones fue escuchar que el gobierno está "otorgando" un "nuevo derecho".
La verdad es que los derechos no se otorgan. Pero aun así los políticos mexicanos han "creado" muchos que nunca se cumplen. Así tenemos el derecho al trabajo, al salario digno y remunerador, a la vivienda, a la salud, al agua y tantos más. A veces parece que el gobierno los establece sólo para que no se hagan realidad. Cuando nuestros políticos nos dicen que están creando el derecho a las telecomunicaciones y al Internet de banda ancha, hay razones para temblar.
Crear un supuesto derecho suele hacer más difícil cumplir con la promesa de ofrecer el servicio. ¿Por qué? Porque los derechos no se pueden suspender. Si usted deja de pagar la electricidad, la CFE le corta el servicio. Pero si usted deja de pagar el agua, no se le puede suspender porque el "agua" es un derecho. Pronto surgen los listos que dejan impunemente de pagar y al final mucha gente se queda sin el servicio porque los sistemas no pueden capitalizarse. Si el Internet va a ser un "derecho", será más difícil cumplir la "cobertura universal" que ayer prometió el presidente Enrique Peña Nieto.
Independientemente de este desplante populista, algunas de las medidas incluidas en la iniciativa de reforma parecen adecuadas, no porque establezcan una mayor "rectoría del Estado", otra de esas expresiones mágicas del populismo, sino porque buscan aumentar la competencia. Purificación Carpinteyro, la secretaria de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, diputada por el PRD, ha dicho incluso que la "reforma es demasiado buena para ser verdad".
La iniciativa propone la creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones autónomo. En principio parece correcto, pero los problemas que ha enfrentado el IFE nos demuestran que la autonomía no es garantía ni de eficacia ni de real independencia ante los grupos de poder político. Me preocupa, por otra parte, que un Ifetel demasiado poderoso pueda violar la libertad de expresión.
El que el nuevo instituto otorgue las concesiones, en lugar del gobierno, me parece adecuado. Pero habrá que ver cómo se constituye el Ifetel. El que se impida que quienes trabajan en la industria formen parte de él sugiere que sus integrantes tendrán poca o ninguna experiencia práctica. Serán académicos sin real conocimiento de una actividad muy compleja y con una enorme importancia económica.
Estoy a favor de elevar la participación de inversión extranjera en telecomunicaciones a 100 por ciento y en radiodifusión a 49 por ciento. Pero reconozco que es una apertura unilateral que no existe en ningún lugar del mundo. Los empresarios mexicanos que han querido operar en Estados Unidos o en otros países conocen muy bien las barreras que se erigen en su contra.
El must carry y el must offer ayudarán a evitar boicots como los que Televisa ha hecho a DirecTV o a Dish. Me preocupa, sin embargo, la gratuidad, ya que las empresas televisoras incurren en costos, y también la complicación que establece la disposición de que esta gratuidad no se aplica a empresas con "poder sustancial". Las reglas deben ser simples y de aplicación universal.
Estoy de acuerdo en la licitación de nuevos canales de televisión, aunque la experiencia me dice que tener canales no significa tener público.
Mucho del éxito de la reforma dependerá de las leyes secundarias. Habrá que esperar a la letra chiquita. Por lo pronto lo que más me preocupa es la creación de un nuevo derecho que podría ser un gran obstáculo para un mejor servicio de telecomunicaciones.
ACLARACIONES
Soy colaborador de dos concesionarios: Grupo Radio Centro y TV Azteca. Por otra parte, quienes trabajan en el sector serían beneficiarios de una apertura que genere una mayor competencia por sus servicios.
Twitter: @sergiosarmient4
