Sedena. Los soldados estaban adscritos a la Guarnición Militar de Ojinaga, Chihuahua, en 2008 y 2009.
La Suprema Corte de Justicia ordenó enviar a un juzgado civil los procesos contra 22 militares acusados por homicidios, torturas, encubrimiento y desaparición de cadáveres, mientras estaban adscritos a la Guarnición Militar de Ojinaga, Chihuahua, en 2008 y 2009.
Por 7 votos contra 1, el Pleno de la Corte determinó que la causa penal 1982/2009 del juzgado de la Tercera Región Militar en Mazatlán, Sinaloa, debe ser enviada a un juez federal porque la justicia castrense era incompetente para conocer del caso, ya que hay varias víctimas civiles involucradas.
El principal señalado por esos hechos es el general de Brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, quien según las acusaciones en su contra, en el período de abril de 2008 a agosto de 2009 impuso un régimen de terror en Ojinaga que incluyó múltiples ejecuciones, allanamientos, secuestros y tráfico de droga asegurada.
Sin embargo, ninguno de los cinco amparos resueltos ayer por la Corte fue promovido por Aviña, sino por subordinados acusados por participar en la tortura y homicidio de Esaú Samaniego Rey alias "El Cholo", José Heriberto Rojas Lemus "El Michoacano", y Erick Campos Valenzuela "El Campitos", así como por la posterior destrucción de los cadáveres y encubrimiento de los hechos.
La Corte reiteró los criterios que estableció luego de 11 sesiones discutiendo casos relacionados con delitos cometidos por soldados, en las que determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es contrario a la Constitución y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al extender la jurisdicción de los tribunales castrenses a asuntos que involucran a civiles.
A diferencia de los casos discutidos previamente, sin embargo, los militares de Ojinaga no mencionaron en ningún momento su interés en ser procesados por un juez civil, sino que sólo impugnaron el auto de formal prisión que les dictó el juez castrense, alegando que no hay pruebas en su contra.
Eso no fue obstáculo para la Corte, pues aclaró que el juez federal que reciba el expediente tendrá que dejar sin efectos los autos de prisión dictados por su colega militar, y en 72 horas resolver si dicta nuevos autos, de prisión o de libertad, para luego abrir el juicio a prueba de darse el primer escenario.
El caso Ojinaga fue el más grave ejemplo de violación de derechos humanos por parte de militares en lo que va del sexenio, pues resultó en cargos contra 31 integrantes del Ejército.
La Corte todavía tiene pendientes 21 expedientes sobre fuero de guerra, seis de ellos derivados de un caso de tráfico de drogas en el que no hubo víctimas civiles.
