SESNSP. El programa referente a la implementación del nuevo sistema de justicia penal dejó sin ejercer 58 por ciento de los 33 millones de pesos asignados.
Las entidades federativas se muestran renuentes a ejercer en tiempo los recursos anticrimen que se les otorgan, y este año regresarán a las arcas estatales por lo menos mil 484 millones de pesos.
En 2011, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) sumó 9 mil 130 millones de pesos, de los cuales 51 por ciento se destinaron a 11 programas específicos; sin embargo, ningún proyecto agotó los recursos convenidos.
El FASP, conformado con recursos federales y estatales, está destinado a mejorar las capacidades en materia de seguridad y justicia con acciones como reclutamiento y formación de personal, equipamiento, así como construcción y ampliación de instalaciones.
Un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que al último corte, con datos al 31 de marzo, el programa referente a la implementación del nuevo sistema de justicia penal dejó sin ejercer 58 por ciento de los 33 millones de pesos asignados.
José Óscar Vega Marín, titular del Secretariado Ejecutivo del SNSP, lamentó la displicencia de los Ejecutivos locales hacia los recursos que representan un esfuerzo en aras de mejorar el contexto de violencia.
"No hay dinero que sobre en un Gobierno, en ningún rubro de la administración pública, es un tema legal. Me parece que hay una irresponsabilidad política con su población de no utilizar el dinero disponible para su Estado. Nosotros lo tomamos como una entidad o un municipio que por no hacer un esfuerzo adicional está dejando ir recursos", reprochó el funcionario.
Otro reporte del SESNSP indica que a finales de 2011 los estados con mayor rezago en el ejercicio del FASP eran Hidalgo, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca que tenían pendiente más del 53 por ciento del dinero.
En el rango de 23 a 45 por ciento se encontraban Zacatecas, Yucatán, Morelos, Campeche, Chihuahua, Querétaro, Chiapas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango, Michoacán, Quintana Roo, Coahuila, Colima y el Estado de México.
Por otro lado, aun cuando los Estados se han quejado por falta de apoyo para la certificación de sus agentes, la cual debe culminar por ley en enero de 2013, un total de 208 millones de pesos quedaron intactos.
Tal cantidad representa el 47 por ciento de los 444 millones que les asignaron para el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control y Confianza.
También se "atoraron" 26 millones de pesos dirigidos a la instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro o conformación de las unidades especializadas, a la par durante el último semestre de 2011 los plagios aumentaron 23 por ciento.
