La política facciosa que se practica hoy en México está acabando con la acción social. En estos días el Centro de Atención a Víctimas de Cancún está clausurando actividades, luego de 10 años de acoger y apoyar a miles de mujeres y niños afectados por la violencia de género. Fundado por Lydia Cacho e integrada por tres docenas de abogadas, psicólogas, enfermeras y trabajadoras sociales, el CIAM se convirtió en una institución clave en Cancún. La ausencia de redes familiares en un puerto turístico cuya población ha llegado de otras partes del país, convirtió a este centro en uno de los más importantes en su especialidad en México. Mujeres violentadas y sus hijos, carentes de apoyos de hermanos o padres, podían refugiarse durante meses en el CIAM y recibir apoyo psicológico, jurídico y facilidades para reinsertarse en la vida económica y hacerse autosuficientes. Cientos de vidas fueron salvadas de ese modo, miles de niños tuvieron la posibilidad de convertirse en adultos diferentes y romper el cruel círculo de la violencia transmitida de generación en generación.
Pero las condiciones que hacían posible instituciones como el CIAM se están extinguiendo en México. Cientos de ONGs están a punto de colapsarse a todo lo largo del territorio nacional. Las políticas públicas han estado castigando duramente los presupuestos dedicados a la agenda social en los últimos años, de tal forma que las organizaciones son incapaces de continuar con actividades que solían subsanar las ausencias y vacíos del Estado en materia social.
En el fondo es un problema que remite a la arquitectura política que predomina hoy en día. Los actores políticos no tienen incentivos para impulsar programas sociales de largo plazo. La definición del presupuesto público se da en medio de rebatingas en las que cada facción intenta jalar la cobija en su provecho. Gobernadores, sindicatos poderosos como el del magisterio o el petrolero, la burocracia de los partidos y los grandes monopolios compiten entre sí para ampliar su tajada o sus canonjías. Los derechos humanos y la agenda social de los desprotegidos carecen de abogados poderosos en esa tribuna.
Esto no significa que el presupuesto social del Gobierno Federal haya disminuido en 2012, de hecho creció significativamente; lo que han venido cambiando son los criterios para repartirlo. En los últimos años se han endurecido los parámetros que permitían apoyos a una miríada de organizaciones vinculadas a la acción social.
Particularmente ahora en periodo electoral, el Gobierno Federal y los estados han optado por canalizar los recursos sociales con criterios eminentemente políticos. Se han fortalecido los programas institucionales, canalizados a través de la burocracia, y desalentado todo gasto que no esté directamente controlado por el aparato político. Incluso instituciones fundadas por el Gobierno Federal con el propósito de atender temas urgentes de derechos civiles, como las oficinas y fiscalías especiales (de defensa contra agresiones a la mujer, ataques a periodistas, programas para discapacitados, etc.) han disminuido sus presupuestos a montos tan bajos que se convierten en meros cascarones, imposibilitados para ejercer sus tareas.
El problema de fondo es un sistema político dominado por intereses facciosos que opera sobre el egoísmo inmediato. La Sedesol convertida en parte de la maquinaria panista, usuarios de programas sociales clasificados en función de su potencial para convertirse en votantes favorables o desfavorables, gobiernos estatales manejados como patrimonio personal del mandatario local, partidas sindicales a cambio de apoyo electoral.
Es sintomática la muletilla con la que arrancan los anuncios que presumen los logros federales "el gobierno del Presidente de la República...", como si los anuncios no fueran pagados con recursos públicos y el Gobierno no fuese de todos los mexicanos. Es la política de la mezquindad.
El CIAM de Cancún no cerrará sus puertas, pero eliminará la mayor parte de sus servicios a víctimas de violencia extrema. Las y los usuarios resentirán el cambio porque no hay instituciones oficiales capaces de ofrecerlos. No es la primera institución que se apaga ni será la última. Sólo aumenta la desesperanza ante una comunidad política que está abandonado a la sociedad.
