El jueves 24 de marzo, el ex gobernador de Nuevo León y actual diputado federal, Benjamín Clariond, respondió al ser abordado en torno a la actuación de las autoridades neoleonesas contra la inseguridad: "Sí se está haciendo algo: están matando a muchos (delincuentes). Deben de matar más". Al día siguiente, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, anuncia que propondrá una iniciativa de Ley para que al cumplir 18 años se reclute obligatoriamente, por al menos durante tres años, a los muchachos que ni estudien ni trabajen.
Las dos declaraciones muestran la desesperación e incapacidad de los políticos mexicanos para resolver la creciente inseguridad en la que se encuentra México.
Para el primero, el combate al crimen organizado o la guerra contra el narcotráfico es una campaña de "limpieza social", en la que sin juicio de por medio ni posibilidad alguna de defensa, todos los sospechosos de estar vinculados al crimen organizado, en algunos casos simplemente por encontrarse en un determinado lugar público, deben ser exterminados.
Aun en el supuesto caso que por esta vía se llegara a abatir la inseguridad, la paz impuesta por la vía violenta no es duradera y, menos, cuando conlleva abusos, arbitrariedades, atropellos y muertes, especialmente de inocentes. Tarde o temprano la violencia resurge y, normalmente, con peores expresiones que las previas, pues es la respuesta, la reacción de quienes en un primer momento fueron sometidos, o peor todavía, víctimas de los abusos, atropellos, etc., sin deberla ni temerla.
El segundo, que tras las primeras reacciones moderó su propuesta y, según dijo el Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua, Mario Trevizo, la iniciativa pretende promover que los llamados "ninis" se incorporen de manera voluntaria a un régimen especial de servicio militar remunerado, por tres años, y en su caso, si los muchachos deciden optar por la carrera de las armas facilitarles el ingreso al Ejército.
Al margen de conocer a detalle la propuesta, de acuerdo a lo difundido en la edición del viernes 1 de abril de El Diario de Juárez, la iniciativa textualmente señala: "Tratándose de jóvenes que al ingresar al servicio militar no estén cursando estudios en instituciones educativas con reconocimiento oficial, y tampoco desempeñen actividades laborales de manera formal y regular, éstos podrán incorporarse de tiempo completo al mismo, con una duración de hasta tres años. En este caso, recibirán un estímulo económico para recompensar sus servicios".
En la misma publicación el diputado priista Gabriel Sepúlveda Reyes, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, explica que la iniciativa no contempla que reciban formación de armas, sino que "trabajarían en labores de reforestación, de vacunación, de ayuda a la comunidad; en ningún momento se les pondría a hacer labores de combatir a la delincuencia".
Afortunadamente la iniciativa difiere sustancialmente de la declaración inicial del gobernador y en la versión difundida por los medios masivos de comunicación, pretende fundamentalmente cargarle al presupuesto federal, concretamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, el costo de sostener durante tres años, al menos, a millones de mexicanos, pues de acuerdo a la multicitada publicación "En esos supuestos [los establecidos en la iniciativa] estarían los ciudadanos de entre 18 y hasta los 30 años, quienes conforman la Primera Reserva, o bien los adolescentes de 17 años que ingresen al servicio militar como anticipados. También los adultos de hasta 40 años, quienes son la Segunda Reserva, y los de hasta 45 años, que integran la llamada Guardia Nacional. Para simplificar: todos los ciudadanos mexicanos, de sexo masculino, entre los 17 y los 45 años de edad, que no estudien ni tengan un trabajo "formal y regular", podrán optar por esta alternativa y el Ejército está obligado a recibirlos y entregarles "un estímulo económico para recompensar sus servicios", al menos por tres años y, posteriormente, si los ciudadanos optan por seguir la carrera de las armas, enrolarlos en la milicia.
La iniciativa abre al menos cuatro frentes, algunos de ellos olvidados por años: uno, el de la conscripción y los objetivos de la misma; dos, el de la leva o reclutamiento de los elementos del Ejército mexicano; tres, el de la política social del Gobierno mexicano; y, cuatro, el de la necesidad de definir una política integral, mucho más allá de la criminalización, para combatir al narcotráfico, el crimen organizado y la inseguridad, en general.
Al menos por lo que se conoce hasta hoy, la propuesta de Duarte no aborda profundamente ninguno de los cuatro asuntos enunciados en el párrafo precedente; de los cuales, los dos primeros son totalmente responsabilidad del Gobierno Federal; pero los dos segundos son responsabilidad compartida entre estados y Federación.
Nuevamente las "ideas geniales" para evadir responsabilidades y trasladarlas a otras instancias de Gobierno, lo que ha sido la constante en los últimos años, en los que particularmente los gobernadores pretenden únicamente cosechar los logros, pero no pagar los costos políticos: por ello, no aceptan atribuciones para establecer impuestos estatales; y responsabilizan totalmente al Gobierno Federal de la creciente inseguridad, sin reconocer que también la delincuencia común va en ascenso.
Las dos declaraciones nuevamente prenden los focos de alarma sobre las soluciones que los políticos mexicanos (por lo menos algunos, pero ubicados en lugares prominentes) pretenden implementar para resolver la creciente inseguridad; muestran plásticamente su desesperación, incapacidad y visceralidad. Los tres pésimos consejeros, especialmente en asuntos y momentos críticos.
