Me hubiera gustado empezar con: “Lo veía y no lo creía”. Pero no: Lo veía, lo creía y lo peor es que lo esperaba. Pero debo confesar que en los días previos, contra todo pronóstico, algo dentro de mí se negaba a perder la esperanza. En el último momento, pensaba, van a hacer lo correcto, van a dejar a un lado sus intereses personales o de grupo y van a privilegiar el interés del país. Me equivoqué. Olvidé que no le puedo pedir peras al olmo.
Me refiero, claro, a la elección de las y los nueve consejeros generales del Instituto Federal Electoral (IFE), que por ley recayó en la Cámara de Diputados. Primero, con una mezcla de enojo y tristeza vi cómo los diputados decidieron, sin rubor alguno, repartirse el pastel en función de su representatividad en la Cámara; es decir, el Revolucionario Institucional (PRI) propondría a cuatro personas, Acción Nacional (PAN) a tres y el de la Revolución Democrática (PRD) a dos.
Fueron muchas las voces de intelectuales, periodistas, analistas, políticos, similares y conexos, que alertaron respecto a la partidización del IFE con ese método de selección y propusieron diversas estrategias para transparentar el proceso de cara la ciudadanía. ¿Los oyeron? No. Le pedían peras al olmo. Luego, vino el estire y afloje.
Nombres iban y venían, descalificaciones iban y venían. Finalmente presenciamos el desaguisado. El PRD, como suele hacer, se enojó y se fue; PRI y PAN se repartieron el pastel, el merengue y la cereza y a la ciudadanía nos dejaron un Instituto Electoral manchado con la sospecha de la parcialidad.
En resumen, los diputados convirtieron a una de las pocas –sino la única- instituciones legitimadas y creíbles que tenía nuestro país, en una –de las que abundan- sometida a la sospecha, a la suspicacia, cuando no a la franca desconfianza. Y eso, sin duda, es una tragedia.
Ya sé que el procedimiento fue legal. Pero también sé que legal no es igual a legítimo. La legitimidad no se obtiene por decreto, es absolutamente subjetiva. Te creo o no, te considero una autoridad confiable o no. Punto. Y hoy por hoy, muchos ciudadanos y ciudadanas como yo no tenemos la certeza de que el árbitro de las elecciones será imparcial.
Y hoy por hoy, una de las principales fuerzas políticas del país no sólo no cree sino que está seguro de que el árbitro será parcial. Y hoy por hoy, que el árbitro de las próximas elecciones -en las que cualquiera de los tres principales partidos puede ganar- nazca cuestionado, deslegitimado y bajo sospecha, es un pésimo escenario para lo que sea que signifique la palabra democracia en nuestro país.
Seis hombres y tres mujeres forman ahora el consejo general del IFE. Démosles el beneficio de la duda, dicen unos; hay que dejarlos trabajar y ya luego evaluamos, argumentan otros; por sus resultados los conoceremos, rezan unos más. Hay, incluso, muchos comentarios periodísticos que avalan ampliamente la calidad moral y decencia del nuevo presidente, Luis Carlos Ugalde y de más de uno de las y los consejeros.
Y yo quiero creerles. El problema es que, por el método de selección, caen sobre esos hombres y mujeres una manta de sospecha que ahora deberán remontar; porque además, algunas y algunos de ellos tienen o han tenido mucha cercanía o de plano han militado en el PRI o en el PAN.
Entonces, ¿cómo no escuchar las protestas del PRD señalando que se prepara una gran conspiración en su contra para las elecciones presidenciales del 2006, elecciones en las que pudiera contender con un candidato como Andrés Manuel López Obrador que hoy goza de una enorme popularidad? ¿Cómo no sospechar que PRI y PAN eligieron consejeros ad hoc, tras el trago amargo que les hizo pasar el anterior consejo –ese sí creíble y legitimado- al imponerles multas (al PRI de ¡mil millones de pesos!) por irregularidades o francas ilegalidades cometidas durante la campaña política del 2000? ¿Cómo no ponerse a llorar con diputados que representan intereses de su cúpula partidista y no ven más allá de eso?
Ante este panorama ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de una anhelada reforma en materia electoral que reduzca el dinero que se les entrega a los partidos?, ¿qué podemos esperar de reformas que doten de mayores herramientas legales al IFE para la fiscalización de esos recursos públicos?, ¿qué podemos esperar de reformas que reduzcan los altos costos de nuestra democracia sin poner en riesgo la transparencia pretendida?, ¿qué podemos esperar de reformas que reduzcan el número de diputaciones plurinominales, ocupadas por 200 personas que no le deben nada a la ciudadanía porque no contendieron más que al interior de sus partidos para ocupar una curul y por tanto la lealtad es con su cúpula partidista? A luces vistas no podemos esperar mucho. Los olmos no dan peras; es más, a veces lo único que dan son penas.
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