Como lo habíamos anticipado en este espacio, finalmente el Gobierno metió la reversa a 150 kilómetros por hora en su cruzada para combatir la obesidad infantil vía la restricción de los alimentos y bebidas expedidos en los planteles.
La fractura de lo que se perfilaba como el primer programa coherente, congruente y ordenado del actual sexenio, llegó por parte de la Secretaría de Educación Pública. Digamos que su titular, Alonso Lujambio, se desdibujó ante la presión de las empresas productoras de alimentos y bebidas.
A su vez, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, quien había declarado que el programa era prioridad del Gobierno dadas sus repercusiones a futuro en el marco de la sanidad pública, se volvió testigo de piedra de los desfiguros de su colega.
El grotesco llegó al punto de desaparecer la lista de productos tabú que se había entregado el 26 de mayo pasado a la par de una larga larga exposición de motivos.
En ésta se incluían marcas al calce, todos los productos Marinela del Grupo Bimbo, además de refrescos y bebidas con calorías o sin ellas.
De acuerdo al documento secuestrado por el terror, ningún niño podría alcanzar una ingesta superior a las 400 calorías, en un escenario en que el consumo promedio es de 500. La lista de la discordia, cuyo punto débil era la mención de marcas como genéricas (Sabritas por papas fritas por ejemplo; Gansitos por pastelitos cubiertos de chocolate) hablaba de bebidas gaseosas con o sin calorías; jugos de frutas, yogurt para beber, palomitas de maíz con mantequilla; ensaladas de frutas, leche entera y saborizantes adicionados, además de verduras con alto contenido de sal.
En paralelo se prohibía vender productos fritos, desde cacahuates hasta churritos, pasando por tacos, flautas, sopes, pellizcadas...
El máximo calórico para un niño de preescolar sería de 217 a 240 calorías; de primaria de 275 a 290, y de secundaria de 362 a 400... en un escenario en que una sola bolsa de papas fritas alcanza 470.
Ahora que para completar el concierto, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) también hizo su parte al constreñir la consulta que abrió sólo a una de las partes, es decir, las empresas, soslayando a los organismos de consumidores, las asociaciones de padres de familia y, naturalmente, a las instancias de salud pública.
En otro grotesco, la instancia que en el papel debía asumir un rol de estricta neutralidad integró un frente común con la Concamín, el Consejo de Empresas Productoras de Alimentos y Bebidas, conocida como ConMéxico y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, a la par de las firmas Coca Cola y Pepsi Cola, Sabritas y Gamesa, para destejer lo negociado previamente por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.
El argumento mayor habla de una pérdida por parte de las empresas de 20 mil millones de pesos anuales ante la restricción para vender productos industrializados en las cooperativas escolares.
Según ConMéxico, sus agremiados dejarían de facturar 10 mil 600 millones; el Consorcio Mexicano de la Carne siete mil; el Consorcio Progresivo de Servicios Refresqueros cuatro mil 696; los integrados a la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera cuatro mil 308, y la empresa Jumex en lo individual 40 millones.
Mucho dinero, pues, sólo por el capricho de no ver niños gordos.
Naturalmente, en su informe preliminar en que se desgarran las vestiduras por las empresas, la Cofemer no coloca en la balanza los gastos que tendrían las instituciones de salud pública al atender a futuro una catarata de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertesión. El documento de plano le exige a la Secretaría de Educación Pública replantear su análisis de costo-beneficio del anteproyecto planteado al organismo, cuyo cálculo original hablaba sólo de 420 millones de pesos.
Más aún, se recomienda eliminar el concepto de "densidad energética", es decir, el consumo de calorías por cada 100 gramos, lo que le abre la puerta a la pretendida opción de reducir las porciones de los productos, es decir minipapas, minipastelitos, minirefrescos... Qué le hace si ahora se compran tres.
La paradoja del caso es que mientras el Gobierno, a contrapelo de las fanfarrias que lanzó al vuelo al plantearse la estrategia, se raja cuando en otros países se avanza a pasos gigantes.
Así, por ejemplo, en España el Ministerio de Salud acaba de restringir los productos que se expiden vía máquinas o quioscos en los centros escolares, dejando de lado frituras, refrescos con o sin calorías, y pastelitos.
A su vez, en Brasil el Gobierno acaba de ordenar que los productos con alto contenido de calorías coloquen en sus envases una leyenda advirtiendo los riesgos a la salud por consumirlos.
Lo cierto es que en el escenario de la reversa lanzada por el Gobierno está una llamada de la Casa Blanca en que se defendió bizarramente a la marca más emblemática en ese país: Coca Cola, de lo que se consideraba una agresión. Se rajó el Gobierno.
BALANCE GENERAL
Diga lo que diga, la Comisión Federal de Telecomunicaciones incurrió en desacato al otorgar el título de concesión respectivo para operar espectro de telefonía celular en las bandas de 1.9 y 1.7 gigahercios a la Telefónica México y al consorcio integrado por las empresas Telefónica y Nextel.
De hecho, este último había interpretado la medida cautelar otorgada por el juez tercero de Distrito de Guerrero a Iusacell frente a las licitaciones 20 y 21 del espectro, como que no tenía el alcance de detener el procedimiento licitatorio, pero sí el llegar a las últimas consecuencias...es decir, otorgar la concesión.
El recurso se había logrado durante los primeros días de julio, notificándosele a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el cinco del propio mes... con la novedad que su centro en Acapulco devolvió el papel "por no ser de su incumbencia".
El caso es que tres días después éste llegó a la dependencia responsable de otorgar la concesión por otra vía... lo que obligó a la Cofetel a plantear una solicitud de amparo que le fue negada en primera y segunda instancias.
La vía de la notificación fue un exhorto del juez segundo de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, dirigido a la sede nacional de la dependencia, ubicada en Xola esquina con Avenida Universidad.
El amparo se planteó con el número de expediente 965/2010.
La paradoja del caso es que la justificación de la Cofetel para cerrar cuanto antes la licitación fue el que no se dañara la confianza de los inversionistas en la legalidad de los procesos.
¿Con una ilegalidad?
COLOCACIÓN JUMBO
En lo que constituye la mayor colocación de deuda de su historia, el grupo Transportación Marítima Mexicana que encabeza José Serrano Segovia, puso ayer en circulación Certificados Bursátiles Fiduciarios por un inaudito monto de 10 mil 566 millones de pesos.
El plazo de redención es de 20 años.
Parte de los recursos los empleará la empresa en liquidar anticipadamente pasivos en dólares, y parte para expandir sus operaciones.
La principal firma de transporte multimodal en el país se había capitalizado previamente con una inyección de 40 millones de dólares, lo que le permitió consolidar algunos proyectos.
Transportación Marítima Mexicana aumentó en el primer semestre del año 67.3 por ciento su utilidad de operación.
