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Descoupan militares cuarteles de la PM en Caracas

10 octubre 2003

CARACAS, (AP).- El Ministerio de la Defensa cumplió la madrugada del viernes la orden del Tribunal Supremo de Justicia y procedió a sacar de todas las instalaciones de la Policía Metropolitana los militares que tenían tomadas las delegaciones del cuerpo desde hace once meses, informó el jefe policial Lázaro Forero.

El mando policial dijo a la emisora Unión Radio que cerca de la medianoche se presentaron en la sede de la comandancia general y las 10 comisarías varios fiscales militares para proceder a sacar a los miembros del Ejército y la Guardia Nacional que tenían tomadas las instalaciones policiales.

Expresó que la posición asumida por el Ministerio de la Defensa de acatar la decisión de la Corte será muy favorable para los 9.000 miembros del cuerpo debido a que les permitirá "trabajar con más libertad".

Agregó que aún encaran problemas para operar a plena capacidad debido a que no disponen de sus armas automáticas. El gobierno ordenó a comienzos de este año la incautación de más de 2.000 armas del cuerpo policial que aún no ha devuelto.

Forero señaló que espera que en las próximas dos semanas el Ministerio de la Defensa cumpla el fallo del Tribunal Supremo y realice la revisión de las armas decomisadas y las devuelva.

En un principio se pensó que el Ministerio de la Defensa no cumpliría la sentencia debido a las 15:00 horas locales del jueves, momento en que venció el lapso dado por la Corte para el desalojo, los militares no abandonaron las instalaciones policiales, y por el contrario incrementaron la presencia.

El Tribunal Supremo emitió el 6 de octubre un fallo en el que ordenó a las autoridades militares abandonar en un plazo máximo de 72 horas la comandancia general y las 10 comisarías de la Policía Metropolitana, ya que de lo contrario podrían ser sancionados con prisión de 6 a 15 meses por desacato.

La Policía Metropolitana ha sido duramente criticada por el presidente Hugo Chávez y algunos dirigentes oficialistas que sostienen que ese cuerpo, que está bajo la coordinación del alcalde opositor de Caracas Alfredo Peña, fue empleado como grupo de choque en el fallido golpe del 11 de abril del 2002.

El mandatario ordenó en noviembre del 2002 la intervención militar de la Policía Metropolitana luego de una huelga que inició un grupo de 40 policías que exigían cambios de mando en el cuerpo y mejoras salariales.

El Ministerio del Interior justificó la medida argumentando que Peña había perdido el control del cuerpo a consecuencia de una huelga de unos 40 policías.

La intervención generó violentas protestas de manifestantes opositores, y fue uno de los detonantes que animó a la oposición a iniciar el 2 de diciembre un paro nacional contra Chávez que se extendió por 63 días.

A mediados de diciembre del 2002 la Corte ordenó que la policía debía regresar a manos de Peña, y giró instrucciones al Consejo de Seguridad Ciudadana para que determinara el cese de la intervención del cuerpo.

En enero, el Consejo de Seguridad Ciudadana, integrado por el ministro del Interior y los seis alcaldes capitalinos, dio un plazo de quince días al Ministerio de la Defensa para que suspendieran la intervención, decisión que nunca cumplieron.

A finales de ese mes el gobierno intensificó la intervención con el decomiso de más de 2.000 armas de la Policía Metropolitana por parte del Ministerio de la Defensa.

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