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Extradición/Nuestro concepto

La ejecución de una orden de aprehensión girada en contra del ex director de Petróleos Mexicanos Rogelio Montemayor Seguy por parte de un juez de la ciudad de Houston en el estado norteamericano de Texas, marca el inicio del proceso de extradición, solicitada por el Gobierno de México a las autoridades del vecino país. Como es del conocimiento, el proceso deriva de una investigación acerca del presunto desvío ilícito, de más de mil millones de pesos de las arcas de Pemex vía el sindicato que agrupa a sus trabajadores, hacia la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional en el año 2000.

La investigación y proceso judicial constituyen un hecho novedoso, en virtud de que en el antiguo régimen de Partido de Estado la determinación de las responsabilidades y castigo a los culpables, solían hacerse con más sentido político que en la actualidad, en que las cosas pretenden hacerse conforme a Derecho. Lo anterior no quita que el caso implique una fuerte carga política, por la naturaleza misma de los personajes y la titularidad de los valores sustraídos que como tales, pertenecen al patrimonio público.

Por ello con independencia de la suerte personal que corran el también ex Gobernador de Coahuila y el resto de las personas físicas involucradas en el caso, el proceso que nos ocupa es ocasión para juzgar al viejo sistema político en su conjunto, por tratarse de un régimen sustentado en el funcionamiento corporativo de gobierno, partido, paraestatales y sindicatos. En tal esquema, la riqueza pública estuvo al servicio de un grupo para beneficio particular y con el propósito de ser utilizada para que ese mismo grupo, se mantuviera en el poder por largo tiempo a despecho de la voluntad popular.

A la sujeción de Montemayor al proceso de extradición, se viene a sumar el inicio del trámite para desaforar a los líderes petroleros en funciones de legisladores y el señalamiento y percusión de funcionarios priístas que como encargados de la campaña de Francisco Labastida, recibieron y dispusieron del dinero desviado. La sociedad mexicana espera que además de que el procedimiento judicial se lleve conforme a Derecho y se haga justicia, el proceso histórico de regeneración de nuestra vida pública, deje atrás y para siempre el viejo régimen de reglas no escritas, de complicidad y componendas.

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