"Es honorable ser acusado por aquellos
Que merecen ser acusados."
Proverbio latino
Mientras el secretario de Gobernación, el panista Fernando Gómez Mont, y el gobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours, intercambian acusaciones y descalificaciones, cada vez son más claros los indicios de que las autoridades han desatado una verdadera cacería de inocentes en el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo.
Las órdenes de aprehensión se han girado no contra quienes autorizaron la operación de la guardería y la bodega de la Secretaría de Finanzas de Sonora sin las condiciones necesarias, ni de quienes debían vigilar el cumplimiento de los reglamentos de seguridad, sino de personas que no tenían nada que ver con el tema.
Han sido detenidos archivistas, vigilantes, empleados menores sin posibilidad de influir sobre las decisiones que llevaron a la tragedia. Entre los acusados se encuentra un grupo de bomberos.
Los bomberos no habían sido aprehendidos hasta ayer, pero se encontraban en la incertidumbre jurídica ya que sí había órdenes de aprehensión en su contra. Siete empleados menores de la Secretaría de Finanzas de Sonora fueron detenidos y ahora están en libertad bajo fianza, pero comenzando un costoso proceso judicial que destrozará sus finanzas familiares aun cuando al final sean declarados inocentes.
En la cárcel se encuentran dos mujeres: Irma Díaz Gómez y Delia Botello, coordinadoras de guarderías del IMSS en Hermosillo. Uno pensaría que por lo menos en su caso sí habría alguna responsabilidad. Después de todo, estas mujeres tenían la obligación de "supervisar" las guarderías. Pero cuando uno empieza a investigar encuentra que tampoco ellas tienen nada que ver. Son víctimas también de la cacería de inocentes que se ha desatado ante la proximidad de los comicios del 5 de julio.
En una conversación telefónica con Martín Barrera Valenzuela me entero que su esposa Irma Díaz Gómez es, efectivamente, coordinadora de guarderías del IMSS en Hermosillo, pero con responsabilidades sólo en administración, pedagogía, nutrición y fomento a la salud. La señora no tenía facultades para hacer revisiones de seguridad ni la capacidad técnica para ello.
Irma es licenciada en psicología. Ha trabajado en el Seguro Social durante 27 años. Ha iniciado ya, de hecho, su trámite de jubilación. Tiene tres hijas. Se encuentra todavía detenida porque, primero, el Ministerio Público buscó imponerle una fianza de 2.3 millones de pesos, muy por arriba de la capacidad de pago de la familia; pero después porque el juez negó incluso la posibilidad de fianza. A pesar de que los delitos de homicidio culposo, lesiones y otros que se le imputan permiten enfrentar un proceso en libertad, en su caso se consideran más graves por ser "funcionaria pública".
Cuando ocurrió la tragedia -me cuenta el marido- Irma estuvo ayudando. Primero en la guardería. Luego que se cerraron otras guarderías, encontrándoles acomodo a los niños. Estuvo trabajando todo el tiempo. Nunca pensó en huir. "Es cien por ciento inocente. Tiene la conciencia tranquila."
Desafortunadamente en México quienes tienen la conciencia tranquila son quienes deben temer, especialmente en un caso tan sonado como el de la guardería ABC. Los políticos necesitan meter a alguien en la cárcel para demostrar que no han sido omisos. Pero como al parecer no se puede actuar contra los verdaderos responsables, unos cuantos inocentes tendrán que servir.
ANULACIÓN DE CASILLAS
Me explica el magistrado Pedro Esteban Penagos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la anulación de casillas en la elección interna del PRD para la jefatura delegacional de Iztapalapa se debe a la aplicación del artículo 83 del Reglamento de Elecciones del PRD, el cual prohíbe que quienes no son miembros del partido sean funcionarios de casilla en elecciones internas. Una vez leído el artículo, me retracto del cuestionamento que hice ayer a la decisión unánime del tribunal.
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